El Senado de la República le dijo no a la consulta popular sobre la reforma laboral, y lo hizo con razón. Fue un mensaje claro: no se puede usar un mecanismo de participación ciudadana para imponer una agenda ideológica sin el debido sustento técnico ni diálogo con los actores sociales y económicos del país.
Sin embargo, preocupa profundamente la insistencia del Gobierno en revivir este mecanismo a como dé lugar, desconociendo el mandato del Congreso y, lo más grave, el impacto devastador que podría tener sobre la economía nacional.
Desde Antioquia lo hemos advertido con vehemencia: esta consulta, tal como fue planteada, representa una amenaza directa al tejido empresarial de nuestras regiones.
En nuestro departamento, donde las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 95% del aparato productivo, las medidas propuestas generarían un efecto dominó: aumento de costos laborales, cierres empresariales, informalidad y pérdida masiva de empleos.
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), en su comunicado del 13 de mayo, fue contundente: “Esta consulta está siendo instrumentalizada con fines políticos y electorales, sin un análisis técnico riguroso ni consideración real sobre el impacto que tendría en la sostenibilidad del aparato productivo nacional”. Y tienen razón.
No podemos permitir que se repita el error de las autorretenciones del 2023, que dejaron en evidencia cómo las medidas mal calibradas afectan el flujo de caja de las empresas con baja liquidez.
Ahora el Gobierno plantea una consulta que incluiría propuestas como el recargo del 100% por trabajo dominical, licencias adicionales y nuevas cargas contractuales.
Según estimaciones regionales, solo en Antioquia más de 75.000 unidades productivas estarían en riesgo, lo que se traduciría en más de 350.000 empleos en peligro.
Este no es un tema de ideología, es de responsabilidad. Colombia necesita una reforma laboral, sí, pero construida con todos los sectores: trabajadores, empresarios, academia y regiones.
Una reforma sería, gradual, con enfoque territorial, diferencial y basada en evidencia. No una consulta populista que busca atajos sin medir consecuencias.
Como congresista antioqueño, reitero mi compromiso con la defensa del empleo digno, formal y con garantías. Pero también con la defensa de nuestras empresas, que son quienes lo hacen posible. Insistir en la consulta es insistir en el error. Y el costo de ese error lo pagaría el país entero.
