En el marco de la COP 16 que se adelanta en Cali bajo la coordinación de Naciones Unidas, con la presencia de más de 190 países, para discutir y definir acciones con el fin de proteger la biodiversidad global, la Oficina contra la Droga y el Delito de esa organización multilateral, anunció el crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia por tercer año consecutivo.
El país pasó de 143.000 hectáreas de coca en 2020 a 204.000 en 2021, 230.000 en 2022 y 253.000 en 2023; pero más grave aún, es que el potencial de producción de cocaína creció un 53% el último año, pasando de 1.738 toneladas métricas en 2022 a 2.664 en 2023.
El doloroso informe deja en evidencia el fracaso de la política del Gobierno Petro, denominada “Sembrando vida desterramos el narcotráfico”, porque, por el contrario, no se está protegiendo la vida y se está fortaleciendo el poder de las estructuras mafiosas en nuestro territorio.
El informe demuestra que 16 de los 19 departamentos con cultivos de coca mostraron incrementos significativos; 40% de los territorios que se encuentran en categoría de expansión (presencia de coca en los últimos 3 años) están en el Pacífico, Cauca y Chocó son los que presentan más lotes nuevos de alta densidad; además, en el 98% de los municipios con concentración de estos cultivos opera al menos una estructura criminal, 42% registró por lo menos un combate entre la Fuerza Pública y un grupo armado ilegal y 42% reportó asesinato de líderes.
Los malos resultados de la política antidroga, también se traducen en recortes de la ayuda de Estados Unidos y en temas ambientales. Nuestro país pasó de recibir en promedio US$ 500 millones anuales, a US$ 456 millones en 2022, US$ 410 millones en 2023 y este año la Cámara solicitó una reducción de casi 50% (US$ 208 millones).
Llama la atención que el Gobierno que dice estar tan comprometido con el cambio climático, se concentre en estigmatizar y perseguir al sector energético, cuando el país tiene una matriz limpia que no es el foco del problema (hidráulica 63%, solar y eólica 9%); y en cambio, no se concentre en temas como el control de la deforestación que si es una de las causas de emisión de gases efecto invernadero. Vale la pena señalar que 48% de los cultivos de coca se localizan en zonas de manejo especial (20% comunidades negras, 14% reservas forestales, 10% resguardos indígenas y 4% Parques Nacionales Naturales).
Colombia se encuentra entre los tres países (con Perú y Bolivia) con mayor oferta de coca a nivel mundial; asimismo, lidera las rutas de tráfico desde Suramérica a Norteamérica, Europa y ahora también, Asia.
Hoy debemos replantear la estrategia, revisar el tema de fumigación aérea con glifosato que se suspendió desde 2015, con el argumento de salud, pero no se eliminó para los cultivos lícitos que lo emplean; se necesita reactivar la erradicación manual forzosa y voluntaria, ya que la primera se eliminó y la segunda pasó de más de 100.000 hectáreas al año a 68.893 en 2022, 20.323 en 2023 y a 30 de septiembre de este año solo llevamos 4.504; y se necesita luchar contra toda la cadena, precursores, tráfico, distribución, lavado de activos y delitos conexos; porque la idea de comprar cosechas de coca, puede terminar siendo un incentivo perverso. Ojalá la COP 16 incentive este debate en el país y no nos quedemos solo con la mala noticia.
