El gobierno no celebró públicamente el hundimiento de su fracasada reforma a la salud. Pero lo ha aprovechado al máximo. Lejos de mostrar autocrítica o buscar consensos, usa el colapso como combustible político para impulsar una segunda consulta popular, radicada justo después del fracaso legislativo, que ahora mezcla salud, trabajo y polarización.
Porque no nos digamos mentiras: esa consulta no tiene como fin mejorar el sistema, ni garantizar los derechos de los trabajadores, ni proteger la vida de los pacientes. Lo único que busca es profundizar la división del país con fines puramente electorales.
Lo más grave no es que se haya hundido una reforma. Lo verdaderamente alarmante es que el gobierno la usó como excusa para impulsar una crisis deliberada, algo que no solo se sospecha, sino que fue dicho abiertamente. Carolina Corcho, exministra de Salud, lo dejó claro cuando afirmó que había que “generar una crisis” para forzar el cambio del modelo. Y hoy, su sucesor, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirma sin sonrojarse “tenemos a las EPS en cuidados intensivos para que salga la reforma”, es decir, la estrategia es clara: quiebran el sistema para justificar su reemplazo.
¿Y cuál es ese modelo que quieren imponer? Uno estatizado, centralizado y controlado desde el gobierno. Un sistema que Colombia ya conoció y que fracasó rotundamente: el Seguro Social.
Vale la pena recordar: antes de la Ley 100 de 1993, menos del 25% de los colombianos tenía acceso real al sistema de salud. Solo los trabajadores formales afiliados al Seguro Social, algunos funcionarios públicos y quienes podían pagar medicina prepagada recibían atención. El 75% restante quedaba abandonado a su suerte, dependiendo de la caridad, los hospitales públicos colapsados o simplemente sin atención.
Con la Ley 100, que creó el modelo mixto y universalizó el acceso a través de las EPS, pasamos de esa cobertura mínima a un modelo que, con todas sus falencias, logró afiliar al 96% de la población. Hoy, más de 50 millones de colombianos tienen algún tipo de protección en salud. Esa es una transformación histórica que no se puede borrar con discursos ideológicos ni con reformas mal diseñadas.
Pero eso es exactamente lo que intenta este gobierno: destruir lo construido, no para mejorarlo, sino para concentrarlo. Y en lugar de corregir lo que no funciona, han preferido sabotear el sistema: retrasan pagos, crean incertidumbre jurídica, estigmatizan a las EPS, y ahora que han logrado debilitarlas, salen a decir que hay que “cambiar el modelo”.
Y mientras tanto, la gente sufre. Las clínicas no dan abasto, las urgencias revientan, y miles de pacientes están condenados a la espera. Porque mientras el presidente canta su famoso chu chu chu en las plazas, en los hospitales se escuchan gritos de desesperación.
Colombia no necesita una salud ni pública ni privada. Necesita una salud digna, humana y eficiente.
Sí, el sistema necesitaba ajustes. Pero no su demolición. Lo que se requería –y aún se requiere– es:
Fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para evitar la corrupción y los abusos en la integración vertical de las EPS.
Garantizar una atención primaria en salud efectiva en las regiones más apartadas, asegurando presencia médica, insumos y rutas de atención reales, no solo en el papel.
Y, sobre todo, preservar la solidaridad del sistema, donde los que más tienen aportan para que todos, sin importar su condición, puedan acceder a los servicios con dignidad.
Eso es lo que se debió hacer: corregir sin destruir. Pero este gobierno prefirió la revancha ideológica a la sensatez técnica. Ahora nos quieren vender como solución el incendio que ellos mismos provocaron.
El sistema está en cuidados intensivos, sí. Pero aún podemos salvarlo. Lo que no podemos permitir es que el populismo lo desconecte.
