En un comentario anterior, proponíamos que tantos aspirantes a la Presidencia dejen los egos y todos juntos trabajemos por Colombia, pero el mismo Congreso de la República, cuando expidió la Ley 1475 del año 2011, le generó un esguince al sistema electoral colombiano, colocándolo en esta diatriba de candidatos, cada uno buscando su propio espacio, al punto que está llevando a la muerte de los partidos políticos.
Dicha ley, en el artículo 28, definió que cualquier ciudadano, cuando no cuenta con el aval de un partido político, podrá inscribirse por firmas como candidato a la Presidencia, pero la resolución emanada de la Registraduría 6064 del 22 de mayo del 2025, agravó la situación cuando definió que, un grupo significativo de ciudadanos conformados por tres personas, presenten la solicitud para conseguir 630.000 firmas que les permitan inscribir a su pupilo como candidato, equivalentes al 3% de los votos válidos de la elección presidencial anterior, cantidad muy poca para la masa de votantes que existen en el censo electoral.
Estas definiciones han promovido una gran proliferación de candidatos que quizás no buscan llegar a la presidencia, sino jugarle sucio al país, utilizando el proceso electoral para exponer sus nombres ante la opinión pública, para llegar al Congreso beneficiándose de la visibilidad que genera el debate electoral o figurar para que los tengan en cuenta en un cargo público o, lo que es peor, condicionar la adhesión a un candidato con un mayor puntaje en las encuestas a cambio de prebendas de tipo político.
Esto está sucediendo con muchos de los 92 inscritos, a sabiendas de que en el tamiz que existirá para decantar las pretensiones de llegar a las elecciones de marzo, bajarán ostensiblemente los candidatos y, lo más grave, que no se escuchan propuestas sensatas salvo algunas excepciones, con planteamientos que nos lleven a conocer programas y posibles soluciones, que le permitan al país salir de la crisis institucional que se vive.
La actual situación tiene que cambiar, entre otras muchas que existen en el país, porque estas prácticas están desquiciando la institucionalidad y la seriedad de los procesos; la normatividad que ha pretendido ampliar la base democrática del país, debe ser revisada por el congreso, porque con estas prácticas se está perdiendo la identidad filosófica y los idearios de los actuales partidos políticos, generando también un mal precedente para los nuevos que se creen, porque poco o nada le están aportando al país y más bien se está promoviendo el juego sucio y las malas prácticas que están generando este caos en el que nos encontramos.
