La reforma tributaria del Gobierno enfrentó un golpe decisivo en el Congreso, luego de que se radicaran ponencias de archivo tanto en la Comisión Tercera del Senado como en la de la Cámara de Representantes. Aunque el trámite legislativo no ha concluido, los apoyos registrados indican que la iniciativa tendría pocas posibilidades de avanzar.
En el Senado, el expresidente de la corporación Efraín Cepeda, presentó la ponencia de archivo y anunció que logró el respaldo de 10 de los 17 integrantes de la Comisión Tercera. Esta cifra representa mayoría absoluta y anticipa un escenario adverso para el proyecto.
Cepeda explicó que los firmantes consideran necesario frenar la propuesta para evitar impactos sobre los hogares de ingresos bajos y medios, especialmente por el efecto del impuesto al carbono sobre el precio de los combustibles. Según indicó, cerca de 12 millones de motos usadas por estas poblaciones para transporte y trabajo se verían afectadas.
El documento está firmado por los senadores Juan Pablo Gallo, Ciro Ramírez, Juan Carlos Garcés, Antonio Zabaraín, Mauricio Gómez, Liliana Bitar, Jairo Castellanos, Karina Espinosa y María Angélica Guerra. En la ponencia señalan que el proyecto no se ajusta a las necesidades fiscales y económicas del país y que sus efectos podrían incidir en variables como la inversión, el ahorro y el empleo.
Paralelamente, en la Cámara de Representantes también se presentó una ponencia de archivo. La autora es la representante Katherine Miranda, quien sostuvo que la reforma pretende recaudar 26 billones de pesos mediante un aumento generalizado de impuestos que, en su opinión, recaería sobre los sectores más vulnerables. Miranda afirmó que el ajuste en el precio de la gasolina planteado en el articulado afectaría a campesinos, transportadores y trabajadores, con repercusiones sobre el costo de vida y los precios de los alimentos.
La congresista añadió que el país no requiere más tributos, sino un esfuerzo de austeridad estatal que reduzca gastos en viajes, comitivas y estructuras diplomáticas, junto con una revisión de la contratación pública. El documento sostiene que la propuesta aumentaría la carga para hogares y empresas, afectaría la competitividad y encarecería la producción, con consecuencias directas sobre la inversión y el crecimiento económico.
Entre los puntos detallados en la ponencia se mencionan incrementos en tarifas para personas naturales, modificaciones que afectarían el ahorro y el mercado de capitales, la permanencia de una tarifa de renta empresarial del 35%, superior al promedio de la OCDE, y el restablecimiento de un impuesto al patrimonio con un alcance más amplio. Además, se cuestiona el diseño del impuesto al carbono y la inclusión de un gravamen del 1% sobre ingresos brutos para la extracción de hidrocarburos y carbón.
A pesar de estos reparos, el documento reconoce algunos elementos que considera aprovechables, como mecanismos de conciliación, alivios tributarios y un bono para transición energética. La representante Miranda plantea que estos puntos podrían tramitarse en una ley independiente sin continuar el debate de la reforma.
Con dos ponencias negativas radicadas y mayorías en una de las comisiones clave, la reforma tributaria entra en una fase decisiva que definirá si continúa su discusión o queda archivada en el Congreso.
