El viernes pasado, la Cámara de Representantes, tras haber discutido y aprobado solo seis de los noventa y cinco artículos de la reforma pensional del gobierno Gustavo Petro, anunció una proposición para acoger el texto de la reforma aprobada en el Senado de la República.
El Congreso de la República es bicameral (Senado y Cámara de Representantes), y ambos escenarios tienen dinámicas de discusión y aprobación de leyes completamente diferentes. En algunos debates de carácter nacional, existe competencia entre las dos cámaras para demostrar agilidad en la aprobación de leyes, especialmente con el Presupuesto Nacional o el Plan Nacional de Desarrollo, presionando a la otra cámara para acoger el texto aprobado, cumpliendo con un debate amplio y de conocimiento de todos los artículos.
Cuando se aprueba una Ley Ordinaria, se debe presentar demanda ante la Corte Constitucional para que examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma aprobada. Existe un reciente antecedente cuando la Alta Corte declaró inexequible la primera Reforma Tributaria del expresidente Iván Duque, porque la Cámara de Representantes acogió el texto aprobado en el Senado sin generar debate sobre la totalidad del articulado. En la Sentencia (C-074-21), la Corte expresó: “No conocer de manera suficiente lo que se aprueba, o negar la posibilidad de proponer, debatir o ajustar, constituye una abdicación de las responsabilidades que a ese órgano le confió la Constitución”.
Es evidente que el pupitrazo dado a la reforma pensional generó un vicio de fondo en el trámite, ya que no se cumplió con un debate amplio y suficiente de la totalidad del articulado. Solo se discutieron seis artículos de noventa y cinco, y estoy seguro de que la mayoría de los representantes desconocen lo que había aprobado el Senado. Lo ocurrido en el Congreso es una vergüenza, un acto irresponsable generado por el desespero y la presión del Gobierno. La arrogancia del Ministro del Interior y del de Hacienda no tiene precedente. La reforma impone cambios en la pensión sin respetar los ahorros acumulados por los trabajadores, que han sido realizados con esfuerzo durante años. Algunos representantes de los partidos Liberal, la U y Conservador priorizaron sus intereses políticos y electorales en lugar de la sustentabilidad y equidad de la reforma.
Esta es una reforma agresiva y que pone en riesgo el futuro pensional de los colombianos, impone cambios sin respetar los ahorros acumulados por los trabajadores, que se han realizado con esfuerzo; afectará significativamente a los trabajadores actuales y futuros, insisto, su debate fue opaco y rápido, sin dar la oportunidad de que la sociedad civil y los expertos participen y contribuyan con sus opiniones.
En la proposición aprobada, se faltó a la verdad al afirmar que el texto aprobado en el Senado fue impreso y entregado a cada uno de los representantes en sus curules. El pupitrazo de la reforma pensional debe generar sanción social contra los parlamentarios responsables. Está en juego 420 billones de pesos, que son el ahorro pensional de más de dieciséis millones de colombianos que han trabajado durante años. La esperanza estará concentrada en la Corte Constitucional. Una vez sancionada la Ley por el Presidente de la República, emprenderemos la demanda, y demostraremos los vicios de procedimiento, la falta de análisis, debate y garantías que tuvimos la oposición.
Paradójicamente, “El pupitrazo” terminará siendo la salvación de las pensiones de millones de colombianos.
