En este país, mientras los buenos nos preguntamos cómo actuar, qué hacer, cómo ayudar, el mal se travistió de progresismo y, en nombre del “cambio”, se ha dedicado a arrasar con todo lo que funcionaba.
En estos tres años, el gobierno de Gustavo Petro ha operado con una consigna clara: destruir para dominar. Su apuesta ha sido crear una ciudadanía en ruinas, indigente de Estado, que dependa no de derechos garantizados, sino de subsidios discrecionales; una sociedad no empoderada, sino postrada, agradecida con las migajas de su propio empobrecedor.
Este es el “cambio” del petrismo: un sistema de salud que, tras haber sido reconocido por la OMS como uno de los más sólidos de la región, ha sido llevado al borde del colapso con una deuda acumulada que ya supera los 20 billones de pesos. El programa Mi Casa Ya, que había permitido a más de 250 mil familias colombianas acceder a vivienda propia, fue desmantelado sin explicación creíble. Ahora no hay claridad sobre su continuidad, y miles de hogares que estaban en proceso de adquisición quedaron en el limbo administrativo.
Colpensiones, que hasta el día de hoy, con algunos puntos necesarios de reestructurar, claro está, había funcionado, ha reconocido que no tiene cómo cubrir el llamado “bono pensional” con el que se justificó, entre arengas emotivas y promesas vacías, el paso de una reforma confiscatoria. El Departamento de Prosperidad Social, cuyo nombre hoy parece hoy una ironía cruel, no ha cumplido con la entrega de los créditos prometidos a emprendedores y poblaciones vulnerables. El ICETEX, institución que debía facilitar el acceso a la educación, ha incrementado los intereses y endurecido las condiciones, dejando a más de 130 mil jóvenes sin posibilidad de pagar su cuota y obligándolos, de nuevo, a abandonar sus sueños académicos.
El cambio también llegó en materia de seguridad. Según la ONU, Colombia ha alcanzado cifras históricas de productividad de cocaína. En el último año, se duplicó la producción y hoy concentramos el 65% de todos los cultivos de coca en el planeta. Más de 455 municipios están bajo el control fáctico de grupos armados, y el gobierno, en lugar de enfrentarlos, los legitima. Como si fuera una obra de realismo mágico, últimamente tenemos que presenciar, con sumisión impotente, como delincuentes se suben a la tarima presidencial, con el beneplácito ilegal de congresistas oficialistas, para amenazar públicamente a sus contradictores políticos.
En defensa, el retroceso es más alarmante. Según un informe reciente del Senado, el presupuesto de Defensa y Policía para 2024 fue fijado en $52,8 billones, con un aumento nominal de apenas 3,8%, lo que apenas cubre la inflación. Y 2025 está peor, las necesidades operativas siguen creciendo, pero el gobierno ha decidido congelar $279.000 millones que eran recursos clave para operaciones estratégicas en zonas de alto riesgo.
Y vamos a los bolsillos. La informalidad se disfraza de “empleo” y se robustece con una reforma laboral, ideológica y populista. La deuda pública alcanza un nuevo récord: 63% del PIB para 2026, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo. En solo tres años, el Estado ha incrementado la deuda en $173 billones sin que medie una guerra, una pandemia o una emergencia real que lo justifique. Lo que hay es despilfarro, derroche, corrupción, clientelismo.
Y es que según el exministro Mauricio Cárdenas, en lo que va del año hay comprometidos más de $16 billones en 374 mil contratos de prestación de servicios. Por su parte, Paloma Valencia ha denunciado $59,9 billones más para pagar los sueldos de 31 mil nuevos cargos creados en el Ejecutivo. Es el mismo modelo del kirchnerismo argentino: aparato estatal obeso, clientela dócil y votos cautivos. Nada funciona, pero el Estado reparte. La emancipación se esfuma, y con ella, la libertad.
Pero bueno… El daño está hecho. Ahora la pregunta es cómo vamos a resistirlo.
Ante semejante legado, la oposición no puede limitarse a pensar en candidaturas. Tiene que pensar en acciones concretas para los primeros 100 días de gobierno. En los decretos derogatorios que se presentarán el 7 de agosto y que empezarán a enderezar el rumbo de este país que tanto nos ha dado. Lo demás es retórica hueca. El verdadero cambio será desmontar, como diría Hayek, este cambio de servidumbre.