Imaginémonos una calle cualquiera de Bogotá, Medellín o Cali durante el gobierno de Uribe. Usted caminaba con cierto cuidado, claro, pero había una sensación de orden. Si alguien intentaba asaltarlo, la policía llegaba rápido, las penas eran severas y los delincuentes sabían que el riesgo era alto. El Estado enviaba un mensaje claro: la criminalidad no iba a tener tregua. Había mano firme, operativos constantes y un discurso que respaldaba la lucha sin concesiones.
Hoy, bajo Gustavo Petro, esa misma calle transmite otra cosa. Ahora es un espacio donde delinquir parece más viable que nunca.
¿Por qué? Porque, como explicó Gary Becker, el economista que ganó el Nobel por aplicar la lógica racional al crimen, los delincuentes calculan fríamente. Evalúan beneficios (dinero rápido de un robo, una extorsión o un secuestro) contra costos (probabilidad de ser capturados, tiempo en prisión, oportunidades perdidas en trabajos legales). Si el gobierno reduce esos costos, el incentivo crece.
Las políticas de Petro han hecho exactamente eso. Han abaratado el delito hasta convertirlo en una opción atractiva para muchos.
Cuando Petro asumió su mandato en 2022, la «Paz Total» se presentó como una solución ambiciosa. Lamentablemente, los resultados hablan de un deterioro sostenido. Entre agosto de 2022 y agosto de 2025 se registraron 40.663 homicidios, un aumento del 7,6% comparado con el mismo trienio de Duque y más de 4.000 casos adicionales frente al segundo periodo de Santos. En 2025, el año más crítico, hubo 13.726 homicidios intencionales, un incremento del 2% respecto a 2024, con una tasa de 25,8 por cada 100.000 habitantes, por encima del promedio regional de Latinoamérica y muy lejos de los niveles más bajos alcanzados en años previos.
Pero no se trata solo de homicidios. La extorsión y el secuestro han explotado. El secuestro creció de forma alarmante. Entre enero y julio de 2025 se reportaron 256 casos, un 57% más que en el mismo periodo de 2024, con una modalidad mayoritariamente extorsiva (hasta el 76% de los casos). En algunos periodos, los secuestros se triplicaron respecto a años anteriores. Las masacres sumaron decenas con cientos de víctimas y la violencia se concentró en regiones como el Caribe, Cauca y Catatumbo, donde grupos armados expandieron su control.
Lo hasta aquí expuesto encaja perfectamente con el modelo de Becker. Los criminales actúan racionalmente. La «Paz Total» incluyó ceses al fuego prolongados con el Eln, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, lo que les permitió reorganizarse, ganar territorio y multiplicar actividades como la extorsión sin una respuesta contundente del Estado. La probabilidad de captura bajó, el castigo esperado se diluyó y el ambiente se volvió permisivo.
Todo este contexto se enmarca dentro de un sello perverso: impunidad y estímulos positivos a quien violenta la ley. Prueba de ello las “reformas penales” que acentúan la sensación de descontrol y falta de autoridad. El proyecto de sometimiento a la justicia, radicado en 2025, por ejemplo, ofrece rebajas significativas para jefes de estructuras armadas con penas alternativas de 5 a 8 años y, para bandas criminales, reducciones del 40% al 60% de la condena a cambio de colaboración con la posibilidad de conservar una porción de bienes ilícitos. Es un esquema que, en la práctica, reduce el costo real del delito y transmite un mensaje peligroso: Delinca, negocie y salga con pena mínima.
En el mismo sentido, programas como Jóvenes en Paz, que pagan subsidios mensuales a “jóvenes en riesgo” para que eviten el crimen, bajan el costo de oportunidad sin atacar causas estructurales como la falta de empleo formal o educación de calidad que se traducen, además, en deserción masiva y falta de controles efectivos.
La fuerza pública quedó en desventaja con intentos de reformar su estructura, reducción drástica en la erradicación de cultivos de coca y un discurso que prioriza la crítica a los uniformados sobre la acción contra los criminales. En 2025, el año más violento en una década, 107 policías y 202 integrantes de las fuerzas, fueron asesinados, con ataques crecientes mediante drones y francotiradores.
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Becker lo explicó magistralmente. Para reducir el crimen hay que elevar sus costos. Aumentar la certeza de castigo, endurecer penas proporcionales y fortalecer a quienes lo combaten. Colombia necesita recuperar esa lógica con operaciones efectivas, penas que disuadan de verdad y control territorial sin concesiones indefinidas.
Si seguimos por este camino, el cálculo racional seguirá favoreciendo al delito. La paz real se construye con justicia firme, no con descuentos y promociones que buscan que más criminales se animen a delinquir, mientras el ciudadano respetuoso de la ley paga las consecuencias de la desprotección del Estado.
