Colombia llega a las elecciones de 2026 con un país más caro, más inseguro y más desordenado que hace apenas unos años. La ciudadanía lo sabe, lo siente y lo padece. Esto es imposible ocultarlo detrás de discursos ideológicos o excusas interminables. La realidad golpea a diario: la autoridad del Estado se ha debilitado, la economía se ha frenado y la institucionalidad se ha vuelto terreno fértil para la improvisación y el cálculo político.
Hablar con franqueza es una obligación: Colombia está cansada de experimentos irresponsables. Cansada de gobiernos que prometen soluciones mágicas mientras entregan el territorio a grupos ilegales; cansada de agendas que ponen en riesgo la estabilidad económica; cansada de gobernantes más preocupados por el ruido mediático que por el orden y la gestión.
La seguridad o la ausencia de ella es la señal más preocupante. Grupos criminales han recuperado zonas donde el Estado retrocedió por decisiones políticas o falta de capacidad operativa. La extorsión crece, el microtráfico avanza y el ciudadano siente que la ley ya no protege. Esa renuncia progresiva al orden es uno de los mayores fracasos del ciclo político del gobierno actual, y prolongarlo sería un error muy costoso.
La economía tampoco ofrece alivio. La inflación acumulada golpea a los hogares, el consumo se debilita y la inversión privada se enfría ante la incertidumbre normativa. El país necesita recuperar urgentemente la confianza, fortalecer la disciplina fiscal y enviar señales claras de respeto a la empresa privada. ¡Colombia no está para más improvisaciones!
En el terreno político, la fragmentación es profunda. Y aunque existe espacio para nuevas figuras, esa posibilidad debe abordarse con seriedad. La entrada de un outsider no es negativa por definición; puede aportar renovación si viene acompañada de preparación, respeto, gente preparada, equipos competentes, de un proyecto sólido y claro. El riesgo no es la novedad, sino la superficialidad que pueda presentar.
En una coyuntura tan delicada, el país no puede entregar las riendas a propuestas que no tengan experiencia de Estado, estructura sólida o sin claridad técnica.
El Congreso que se elija será determinante. Se observa un Legislativo disperso, sin mayorías claras, donde la gobernabilidad podría complicarse. En ese escenario, la capacidad del próximo gobierno para construir consensos será clave para evitar que el país quede atrapado en la parálisis o en negociaciones interminables que afecten la estabilidad institucional y el bienestar ciudadano.
La decisión de cada colombiano que vote, deberá ser igual de firme: o se elige un rumbo de orden, autoridad, estabilidad y realismo, o se continúa por un camino que ya mostró sus limitaciones y fracaso. El país necesita líderes que defiendan con claridad el Estado de derecho, la seguridad ciudadana, la libertad económica y la estabilidad fiscal, igualmente que imponga orden, autoridad y respeto por las instituciones.
El 2026 no es una elección más, es un punto de inflexión para recuperar la institucionalidad, la seguridad, el progreso, la tranquilidad ciudadana, la buena política. porque Colombia ya no tiene espacio para seguir en el error. Recuperar el orden no es una consigna: es una necesidad urgente.
Colombia requiere carácter. Requiere firmeza. Requiere un proyecto que defienda sin vergüenza el Estado de derecho, la empresa privada, la autoridad legítima, el bienestar y la seguridad ciudadana como la estabilidad institucional. Basta de modelos fallidos, basta de discursos vacíos, basta de gobernantes que usan el poder para su propio beneficio y para dividir mientras el país se deteriora.
El 2026 debe marcar el retorno a la responsabilidad, porque si Colombia no recupera el orden y la autoridad ahora, más adelante puede ser demasiado tarde. Eso depende de cada colombiano que decida votar responsablemente y sin pasiones ideológicas, solo con la razón.
