Los esfuerzos de Gustavo Petro para desviar la investigación judicial del atentado que sufrió el senador de oposición y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio pasado son cada vez más visibles.
El inquilino de la Casa de Nariño desvía y obstruye desde el primer momento esa labor tan importante. Hace unas horas, en una reunión con el ministro Armando Benedetti y algunos candidatos presidenciales, Petro afirmó sin la menor vergüenza que el atentado era contra él, su familia y “contra el gobierno” y, sobre todo, contra la llamada “consulta popular”. En buena lógica eso quiere decir: solo de carambola ese atentado era contra el senador Uribe. Textualmente dijo: “una de las hipótesis aún no rechazadas del atentado al senador Miguel Uribe Turbay, es que provenga de un grupo con capacidad de matar, enemigo del gobierno y de la consulta popular. Si no, por qué amenazan a hijos de miembros del gobierno y los míos propios. Uno de los más afectados con el atentado, después del senador Miguel y de su familia, es el gobierno”.
Horas después del atentado, la primera reacción de Petro fue callar el nombre de la víctima e insinuar que lo ocurrido es un crimen de odio, de un racista que quería “matar al hijo de una árabe en Bogotá”. Enseguida pasó a otra onda: se inventó que el senador Uribe es “el nieto de un presidente que asesinó a 10.000 ciudadanos”. Implícitamente Petro dice que la terrible agresión, que tiene al líder opositor entre la vida y la muerte, es justificada por ser de la familia Turbay. Petro tendrá que pagar penalmente por sus turbios desatinos y por invitar públicamente a sus seguidores, durante meses y meses, a cometer todo tipo de violencias para que él pueda eternizarse en el poder.
El expresidente Julio César Turbay Ayala nunca asesinó a nadie. El intento petrista de diabolizarlo reveló algo. ¿Fue esa calumnia una forma de destapar la vieja fatwa del narco-comunismo contra la familia Turbay? Pues Petro es el heredero no solo de las metas y atrocidades del M-19 sino de las metas, objetivos y atrocidades del narco-marxismo colombiano que es, en sí, un todo. Petro tendrá que pagar por insistir en tan abyecta destrucción del país y del hogar de los colombianos.
El M-19 no tiene memoria, pero sí obsesiones: su odio contra la familia Turbay es irracional y de larga duración. ¿Por qué? Porque durante el mandato del presidente Turbay Ayala (1978-1982) él rompió relaciones con Cuba, firmó el primer tratado de extradición con Estados Unidos, combatió con éxito las atrocidades del M-19 y dictó el Estatuto de Seguridad, legislación que sirvió para meter a la cárcel a los peces gordos de ese grupo terrorista. Lo que la justicia y otros gobiernos hicieron después es otra historia.
En todo caso, la actitud de Gustavo Petro es asquerosa. No tuvo una palabra de consuelo para la familia del senador herido, no ha hecho nada para parar los disturbios terroristas, que ya llevan ocho muertos en 19 ataques en Cali y el sur del país, y que buscan extenderse a otras ciudades. Y nada para darle garantías a la investigación de la policía judicial pero sí corre a darle enormes garantías de seguridad al sicario.
La fiscal general Camargo adoptó un punto de vista extraño. Admitió que la imputación de cargos al sicario no comenzó sino hoy 10 de junio pues el criminal está siendo atendido en un hospital. Como la herida en una pierna no es grave, nada impedía que lo interroguen sin tardar. Pero no lo hicieron. No les interesa que la verdad salga a flote y que paguen todos los responsables de ese horrible acto. Solo hasta hoy, la fiscalía le imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas al bárbaro y éste se declaró “inocente”.
La fiscal negó que él tuviera un teléfono, a pesar de que varios videos lo muestran con un portable al llegar a la escena del crimen. También hay un lío con el auténtico Glock 9mm que utilizó el sicario.
Gustavo Petro trata de desviar la responsabilidad del desalmado. Lo muestra como un “niño instrumentalizado”, cuando lo que éste ha hecho deja ver a un monstruo frío, de edad indefinida, entrenado, capaz de escoger un ángulo de tiro, de disparar rápido 6 veces y con precisión sobre un ser humano y huir de la escena. No exageran quienes sospechan que ese individuo ha cometido otros crímenes. Circulan fotos en las redes sociales. En una, un guerrillero idéntico a él aparece armado y uniformado. Otras fotos muestran a la mujer que le hizo señas con los ojos al pistolero antes de los disparos. En la otra vemos la misma mujer como guerrillera de las Farc.
Todo eso permite pensar que el atentado contra Miguel Uribe hace parte de una vasta operación de las narco bandas reforzadas por el plan de “paz total”, la cuales están atacando de nuevo, hoy mismo, como en 2020 y 2021, ciudades del suroccidente como Cali, Buenaventura, Jamundí, Palmira, Villa Rica, Corinto, El Bordo, Toribio, Timbiquí y Buenos Aires. Mientras tanto, el general (r.) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, rompe con el artículo 219 de la Constitución, de la no politización de la fuerza pública, y jura lealtad a la “consulta popular”.
Por otra parte, el expresidente Uribe declaró que, según un servicio de inteligencia extranjero, un comando terrorista trata de eliminarlo a él y a candidatos como María Fernanda Cabal, Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella.
Si somos lógicos, estamos en el comienzo de la primera táctica destructiva (hay cuatro más) que le permitió a Gustavo Petro “ganar” la elección en 2022: llegar sin contendor real a la segunda vuelta, por eliminación previa del verdadero o la verdadera rival.
Así avanza Petro. Pero el país también marcha hacia adelante y contra él, cada vez más consciente de que hay que ponerle fin a este régimen y a tanta iniquidad. Las protestas que estallaron en respuesta al atentado contra Miguel Uribe continúan y se van a ampliar. Y nueve partidos del Congreso se declararon en sesión permanente, y desconocen al presidente Petro y a su ministro Benedetti como garantes del proceso electoral de 2026. El país se ha puesto en marcha.
