En medio de los esfuerzos del Gobierno por avanzar en la implementación de la reforma rural integral, la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette De Rivero, reconoció los avances logrados.
Sin embargo, lanzó una advertencia sobre la grave situación de inseguridad que enfrentan varias comunidades campesinas, especialmente en la región de El Pato Balsillas, en Caquetá.
Durante su visita a la zona, De Rivero participó en la entrega de títulos de tierras a comunidades de la Reserva Campesina de El Pato Balsillas, un acto liderado por la Agencia Nacional de Tierras como parte de la política de acceso y restitución de tierras.
Además, sostuvo un encuentro con 70 jóvenes representantes de reservas campesinas, quienes trabajan por la paz y la defensa de los derechos humanos en estos territorios históricamente golpeados por el conflicto armado.
“Saludo los esfuerzos del Gobierno por avanzar en la reforma rural integral. Esta reforma requiere la participación activa de los jóvenes, y celebro que el Gobierno haya priorizado la entrega de tierras en zonas históricas de lucha por los derechos del campesinado y la construcción de paz”, afirmó De Rivero, resaltando la importancia de fortalecer la presencia estatal en estas áreas.
Sin embargo, la funcionaria fue enfática al señalar los retos que persisten. La región de El Pato Balsillas, como otras zonas rurales del país, continúa enfrentando graves problemas de inseguridad debido a la presencia de grupos armados ilegales que ejercen presión sobre la población y vulneran sus derechos fundamentales.
“Llamamos la atención del Gobierno sobre la situación de inseguridad que se vive en distintos territorios, como El Pato Balsillas. La población enfrenta presiones constantes y el irrespeto de sus derechos por parte de diversos grupos armados ilegales que operan en la zona”, advirtió De Rivero, instando a tomar medidas urgentes para garantizar la protección de las comunidades.
La representante también subrayó la importancia de fortalecer la presencia institucional en las regiones más afectadas, no solo para garantizar la seguridad, sino también para que los campesinos puedan aprovechar de manera efectiva los beneficios de la reforma rural.
“Fortalecer la presencia institucional debe ser una prioridad para garantizar que la población pueda gozar de su tierra de manera segura, sin amenazas y sin ser víctima de la violencia de los grupos armados que tanto afectan a la juventud campesina”, concluyó.
El llamado de la ONU llega en un momento clave, cuando el Gobierno intensifica los esfuerzos por cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz. Sin embargo, los desafíos en materia de seguridad y acceso a derechos fundamentales siguen siendo un obstáculo crítico para el desarrollo sostenible de las comunidades campesinas y la consolidación de la paz en Colombia.
