La Nueva EPS informó que enfrenta una nueva medida judicial que podría afectar de manera significativa su estabilidad financiera. Según dio a conocer la entidad a través de un comunicado oficial, se ordenó un proceso de embargo por un valor superior a los $422.000 millones de pesos, decisión que la EPS calificó como parte de un patrón reiterado de acciones judiciales en su contra.
Cabe indicar que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, en el departamento de Caquetá, fue el que ordenó el embargo y de acuerdo con la información entregada, esta determinación se enmarca dentro de una serie de procesos judiciales que, a juicio de la entidad, están siendo utilizados por algunas instituciones prestadoras de salud (IPS) como un mecanismo para evadir los procesos administrativos y de conciliación establecidos dentro del sistema de salud.
“La Nueva EPS considera que este tipo de decisiones generan un precedente preocupante, pues comprometen la estabilidad operativa y financiera de la organización, afectando la continuidad en la atención de millones de afiliados”, señaló la entidad en su comunicado.
Entre las IPS con mayor número de procesos de embargo figuran Clínica Médicos del Cesar, Avidanti S.A.S., Oncólogos del Occidente S.A.S., Clínica Uros S.A.S. y la Fundación Cardio Infantil. Según la EPS, estas instituciones habrían recurrido en repetidas ocasiones a medidas judiciales para acelerar pagos pendientes, sin agotar los trámites administrativos que garantizan una gestión ordenada y transparente de las obligaciones económicas dentro del sistema.
La entidad recordó además que la Procuraduría General de la Nación, mediante la Circular 014 de 2018, ya había advertido a los jueces del país sobre la prohibición de decretar embargos sobre los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), debido a que estos fondos están destinados exclusivamente a la atención en salud y no pueden ser objeto de medidas cautelares.
Manifestó la EPS, que ignorar esta restricción contraviene los principios de protección de los derechos sociales y pone en riesgo la estabilidad del sistema.
La Nueva EPS explicó que este embargo se produce en un contexto donde ciertos actores del sistema han recurrido de forma constante a la vía judicial, lo que, en su concepto, distorsiona los mecanismos legales de conciliación y resolución de controversias. Este tipo de actuaciones, añadió, genera presiones adicionales sobre las finanzas de la entidad y podría impactar directamente el flujo de recursos dirigidos a la prestación de servicios médicos.
Finalmente, la EPS hizo un llamado a las autoridades judiciales y de control para revisar de manera detallada estas actuaciones y garantizar que se respeten los procesos administrativos previstos por la normativa vigente.
La entidad reiteró su disposición para continuar adelantando los procesos de conciliación y depuración de cartera, en el marco de la legalidad, con el propósito de asegurar la sostenibilidad del sistema de salud y la adecuada atención de sus más de 10 millones de afiliados en todo el territorio nacional.
