El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo No. 36 mediante el cual se prohíbe la contratación de seguros privados de salud con recursos públicos para funcionarios del Estado y se limita la compra de vehículos oficiales, en especial los de alta gama.
La medida hace parte de un paquete de reformas al Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público, orientadas a optimizar el gasto público.
De acuerdo con el decreto, los seguros privados de salud ya contratados antes de la entrada en vigor de la normativa continuarán vigentes hasta su vencimiento, sin posibilidad de renovación. La norma exceptúa los seguros médicos internacionales para funcionarios en misión oficial fuera del país, siempre y cuando el viaje no sea financiado por terceros. También se permitirá la contratación de seguros de vida para quienes realicen labores de riesgo, bajo las condiciones presupuestarias establecidas por el Ministerio del Trabajo.
En relación con los vehículos oficiales, la nueva regulación prohíbe expresamente la adquisición de automóviles de lujo para instituciones públicas, salvo en casos donde se justifique su necesidad por razones de seguridad. Las entidades estatales solo podrán adquirir vehículos no especializados, como camionetas, automóviles estándar o minibuses previa aprobación de la Secretaría General Administrativa de la Presidencia de la República y siempre en función de la disponibilidad presupuestaria.
Los vehículos especializados, tales como ambulancias, patrullas policiales o automotores blindados para protección de autoridades, no requerirán dicha aprobación, aunque sí deberán contar con soporte técnico que justifique su adquisición. Además, se establece que los trámites de verificación de producción nacional serán obligatorios en los procesos de compra de vehículos de uso especial, sin importar su procedencia.
El decreto también asigna al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la responsabilidad de regular la adquisición de vehículos para el servicio exterior, incluidas las embajadas y consulados, bajo los mismos criterios de disponibilidad presupuestal.
El documento presidencial deroga varios artículos del Decreto Ejecutivo No. 457 de 2022, firmado en el mandato anterior, y reafirma el enfoque de austeridad promovido por el actual Gobierno. Noboa ha insistido en que la administración pública debe ajustarse a criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
Estas disposiciones se suman a otras medidas fiscales implementadas desde inicios de su gobierno, como el aumento del IVA al 15 % y la introducción de nuevos aranceles, con las cuales el Ejecutivo busca controlar el déficit fiscal y reestructurar el funcionamiento de la administración estatal.
Las reformas entrarán en vigencia una vez sean publicadas en el Registro Oficial, y tanto el Ministerio del Trabajo como el Servicio Nacional de Contratación Pública deberán emitir las directrices necesarias para garantizar su aplicación efectiva.
