El reciente fallo de la Procuraduría General de la Nación con el cual sancionó al ex canciller Álvaro Leyva Durán con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos sigue dando de qué hablar.
La decisión, tomada por la Sala de Juzgamiento de la Procuraduría y defendida por su presidente, Ernesto Espinosa en una entrevista reciente, señala a Leyva por presuntas irregularidades en la licitación para la emisión de pasaportes, en la que el único oferente, Thomas Greg & Sons, cumplía con los requisitos establecidos.
No obstante, Leyva declaró desierta la licitación, decisión que la Procuraduría consideró injustificada y contraria de las normas de contratación estatal.
“No fue falta de adjudicación, sino la forma en que declaró desierta la licitación”
Espinosa fue enfático al mencionar que, “La falta del ex canciller no fue no adjudicarle a Thomas Greg, sino en la forma como declaró desierta la licitación”.
Según el Procurador, Leyva habría actuado sin justificar debidamente su decisión, incumpliendo con los principios de transparencia y legalidad. La normativa colombiana estipula que, si un único proponente cumple con los requisitos, el contrato debe ser adjudicado; sin embargo, Leyva optó por dejar el proceso sin un ganador, argumentando posibles irregularidades que no fueron comprobadas en la investigación de la Procuraduría.
Autonomía en el proceso, sin injerencia de la procuradora
Leyva, en su defensa, sugirió que la decisión de la Procuraduría fue influenciada por razones políticas. Sin embargo, Espinosa desmintió cualquier injerencia de la procuradora Margarita Cabello en el proceso.
“La Procuradora no tiene ninguna injerencia ni interferencia en la decisión”, enfatizó el Presidente de la Sala de Juzgamiento, quien aseguró que la decisión fue tomada de manera independiente por un panel de tres delegados.
La Procuraduría señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la dirección de Leyva, había establecido previamente las reglas del proceso de licitación, las cuales fueron cumplidas por Thomas Greg & Sons. Ante esta situación, la Procuraduría determinó que Leyva estaba en la obligación de adjudicar el contrato, al no presentar un argumento válido que justificara la declaratoria de desierto.
Corrupción, planeación o negligencia: ¿Cuál fue realmente la falta?
Uno de los puntos clave en la decisión fue que no se encontró evidencia de corrupción. Espinosa indicó que, si bien hubo deficiencias en la planeación del proceso, estas no evidenciaron favoritismo hacia algún proponente.
“No se probó corrupción, quedó en el mundo de la especulación”, señaló Espinosa, desestimando las acusaciones de Leyva de que el proceso favorecía a Thomas Greg & Sons.
La investigación también incluyó testimonios de funcionarios de la Cancillería, quienes participaron en la elaboración del proceso y cuyos testimonios no respaldaron las teorías de irregularidades en los pliegos de licitación. En consecuencia, la Procuraduría concluyó que no había pruebas que vincularan a Leyva con actos de corrupción.
Consecuencias de la decisión
La decisión de la Procuraduría podría impactar otros frentes legales. Thomas Greg & Sons, empresa afectada por la decisión de declarar desierta la licitación, mantiene una demanda contra el Estado colombiano, reclamando indemnización por la anulación del proceso.
Este litigio podría derivar en responsabilidades financieras significativas para el gobierno, un factor que añade peso al debate en torno a la actuación de Leyva y la sanción de la Procuraduría.
El excanciller, por su parte, anunció que apelará la sanción, argumentando que su decisión buscaba proteger la moralidad pública y evitar posibles conflictos de interés en el proceso de adjudicación.
La apelación será revisada en segunda instancia por el despacho de la procuradora Margarita Cabello, lo que podría dar una nueva oportunidad a la defensa de Leyva para probar que actuó conforme a la ley y en pro del interés público.
