Por orden del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, las cuentas del Gobierno Nacional fueron embargadas debido a una deuda superior a los 83 mil millones de pesos con Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A. E.S.P. (CENS), filial del grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM).
La decisión judicial, emitida el 4 de marzo de 2025, ha provocado una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó el papel de EPM en este proceso y su impacto en el interés nacional.
«Si EPM juega contra el interés nacional, incumple su propia razón de ser. Así que no lo podemos permitir. Las empresas de servicios públicos están en función del público que es toda la sociedad, no los contratistas que se enriquecen con el dinero público», declaró el mandatario.
Es importante destacar que el embargo también ocurre en un contexto de disputas entre el Gobierno y el sector energético, marcado por tensiones sobre las tarifas de electricidad y el manejo de los recursos públicos.
Hasta el momento, EPM no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la decisión judicial ni sobre las declaraciones del presidente.