El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta una nueva crisis financiera tras el embargo de cuentas estatales debido a millonarias deudas con Empresas Públicas de Medellín (EPM). La medida fue impulsada luego de una demanda presentada por Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. (CENS), filial de EPM, por incumplimientos en pagos de subsidios energéticos. La decisión judicial ha dado la razón a la administración del alcalde Federico Gutiérrez, quien denunció los impagos del Ejecutivo nacional.
El embargo afecta cuentas del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que pone en evidencia la falta de liquidez del Gobierno para cumplir con compromisos adquiridos mediante resoluciones oficiales.
El origen de la demanda
El conflicto se originó por el incumplimiento en la transferencia de subsidios que el Ministerio de Minas y Energía debía girar a CENS en cumplimiento de varias resoluciones: 00472, 00702, 01251 y 01961. Estas resoluciones no son simples disposiciones administrativas, sino actos con fuerza ejecutoria, según el artículo 422 del Código General del Proceso.
El no pago de estos recursos generó una deuda acumulada que derivó en un proceso ejecutivo singular, en el que CENS exigió el pago de los valores adeudados y los intereses moratorios correspondientes. La negativa del Gobierno a cumplir con estas obligaciones llevó el caso ante la justicia, que falló a favor de la empresa.
La decisión del embargo
El Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá determinó que las resoluciones ministeriales que ordenaban los pagos constituían títulos ejecutivos. Por lo tanto, ordenó el mandamiento de pago y decretó medidas cautelares contra los ministerios implicados.
En términos concretos, la decisión judicial implica el embargo de recursos financieros del Estado, incluyendo cuentas bancarias, Certificados de Depósito a Término (CDT) y otros productos financieros, hasta completar el pago de la deuda.
La suma reclamada asciende a los $41.654.551.225 por subsidios adeudados y $5.258.957.894 por intereses moratorios aplicados a la tasa máxima legal. Esta decisión representa un golpe para el Gobierno Petro, que ahora deberá enfrentar las consecuencias de su incumplimiento financiero.
Impacto para Medellín y el Grupo EPM
El embargo afecta las finanzas del Gobierno central y que también impacta a Medellín, dado que CENS es parte del Grupo EPM, empresa pública de la ciudad. Hasta ahora la deuda pendiente del Gobierno Nacional tiene en riesgo la estabilidad financiera de la empresa y, por ende, la prestación de servicios esenciales para miles de usuarios en la región, como lo había advertido Federico Gutiérrez, por lo que se espera que este embargo sea positivo para presionar el pago de los dineros adeudados.
Desde la alcaldía de Medellín, se ha señalado reiteradamente los riesgos de estos incumplimientos y ha exigido al Gobierno Petro asumir sus responsabilidades. La falta de pagos no solo limita la capacidad de inversión de EPM en infraestructura energética, sino que también afecta la financiación de proyectos estratégicos para la ciudad.
El mandatario local, Federico Gutiérrez, ha advertido que esta deuda compromete recursos que podrían haberse destinado a mejorar el servicio de energía en comunidades vulnerables. Además, el incumplimiento del Gobierno crea incertidumbre en el sector eléctrico y podría afectar la confianza de otras empresas que dependen de subsidios estatales.
Las opciones del Gobierno
Frente a esta situación, el Gobierno Petro tiene dos caminos: Pagar la deuda y cancelar la suma total reclamada, lo que implicaría un desembolso significativo en medio de un panorama fiscal complejo; o apelar la decisión y presentar oposición al proceso judicial, aunque con un fallo en contra y el reconocimiento de la deuda, la posibilidad de revertir el embargo es reducida.
El caso ha generado un fuerte debate político, con críticas al manejo financiero del Ejecutivo y su relación con entidades públicas regionales. El incumplimiento de los pagos a EPM podría interpretarse como una señal de crisis en la administración de los recursos del Estado.
Este embargo se suma a otros problemas económicos que enfrenta el Gobierno Petro, generada por la incapacidad de gestionar correctamente los recursos y los escándalos de corrupción y derroche. El Gobierno de Petro viene quejándose de la dificultad para financiar sus ambiciosos programas sociales y viene recibiendo una creciente presión del sector empresarial y las administraciones locales para que el Ejecutivo garantice el flujo de recursos a entidades públicas y privadas como el caso de las del sector infraestructura.
El desenlace de esta disputa definirá no solo el futuro financiero de EPM, sino también la capacidad del Gobierno para cumplir con sus obligaciones sin afectar el funcionamiento del Estado.
En las próxima horas, se conocerán más detalles por parte del alcalde Gutiérrez y del gerente de EPM, John Maya Salazar así como las reacciones del Gobierno y sus funcionarios.
