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martes, febrero 4, 2025
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    Ni los santos se salvan: Gobierno Petro estudia impuestos a las iglesias en medio de crisis fiscal

    El gobierno del presidente Gustavo Petro analiza gravar con impuestos a las iglesias y confesiones religiosas como parte de una estrategia para hacer frente a la situación financiera del país.

    La propuesta, que está siendo evaluada por el Ministerio de Hacienda y que podría incluirse en una nueva reforma tributaria, ya había sido considerada en 2022, pero en ese momento fue descartada en el Congreso.

    El Gobierno contempla esta medida como una alternativa para mejorar las finanzas del Estado, que enfrenta un déficit de al menos $12 billones de pesos tras la negativa de las comisiones económicas del Congreso de aprobar el Presupuesto de 2025 y la ley de financiamiento.

    Hasta la fecha, las organizaciones religiosas en Colombia solo tienen la obligación de declarar ingresos y patrimonio ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), pero no pagan impuesto de renta. En 2023, estas entidades acumulaban un patrimonio líquido de $19 billones, y han argumentado que su aporte al Estado se da a través de su labor social.

    En el Congreso, esta iniciativa enfrentaría la oposición de sectores políticos con representación de grupos religiosos, como los partidos MIRA y Colombia Justa Libres, que en 2022 fueron determinantes para el hundimiento de una propuesta similar.

    En la Mesa de Asuntos Religiosos, por ejemplo, hay representación de Colombia Justa Libres, y el secretario general del Ministerio del Interior, Cristian Buitrago Rueda, proviene de la iglesia Centro Cristiano, liderada por el pastor José Satirio Dos Santos.

    Otros impuestos que estudia el Gobierno

    El ministro de Hacienda, Diego Guevara, dio detalles sobre los impuestos que el Gobierno evalúa dentro de la reforma tributaria. Entre ellos se encuentran:

    • Un impuesto a los juegos de azar en línea.
    • Una contribución sobre el sector de petróleo y carbón.
    • Un gravamen a trámites notariales que superen los mil millones de pesos.

    Estas medidas buscan recaudar alrededor de un billón de pesos en una vigencia de noventa días.

    Según interpretaciones de la Corte Constitucional, el Gobierno podría extender la aplicación de estos impuestos durante todo el año fiscal 2025, con el objetivo de recaudar hasta tres billones de pesos. Esta posibilidad se plantea en el marco de la respuesta estatal a la crisis en regiones afectadas por la violencia y el conflicto social.

    El debate sobre la reforma tributaria y la posible inclusión de impuestos a las iglesias se dará en los próximos meses en el Congreso.

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