En medio de los cuestionamientos planteados por el presidente Gustavo Petro sobre el contrato adjudicado para la logística de las elecciones de 2025 y 2026, la Misión de Observación Electoral (MOE) emitió un pronunciamiento en el que afirmó que no encontró relación directa entre Thomas Greg & Sons y figuras como expresidentes o aspirantes a la Presidencia.
El subcoordinador de integridad electoral de la MOE, Juan Felipe Ávila, sostuvo que no se ha identificado presencia de personas que hayan ocupado la jefatura del Estado o que actualmente se presenten como precandidatos en los órganos directivos de la firma contratista.
Según sus declaraciones, “no se puede establecer realmente si dentro de las juntas directivas de Thomas Greg and Sons y sus diferentes filiales se puede llegar a contar una persona que haya sido presidente de la República o que en este momento sea precandidato a la presidencia o a algún cargo público”.
El pronunciamiento se da luego de que el presidente Petro manifestara, en diferentes intervenciones y publicaciones, su preocupación sobre presuntos conflictos de interés dentro del proceso contractual. A raíz de esto, la MOE profundizó su revisión del procedimiento de adjudicación.
La organización también descartó que la empresa contratista tenga responsabilidad sobre el manejo de datos personales de los colombianos o el conteo legal de votos. En ese sentido, Alejandra Barrios, directora de la MOE, explicó que “prestan los servicios de autenticación, pero no administra la base de datos de los colombianos, ni cuenta tampoco los votos legalmente.
Es muy importante recordar que los escrutinios no los hace una empresa, eso no hace parte del contrato que se acaba de hacer, el escrutinio lo hacen los jueces y los notarios de la República”.
En cuanto al contrato adjudicado a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, de la cual hace parte Thomas Greg, la MOE aclaró que este cubre 16 bienes y servicios relacionados con la operación logística de los procesos electorales que se desarrollarán entre 2025 y 2026, incluyendo los comicios de juventudes, Congreso, Presidencia y Vicepresidencia.
Desde la entidad observadora también se resaltó que la Registraduría solicitó acompañamiento preventivo a la Procuraduría y la Contraloría en la fase precontractual del proceso, como una medida para reforzar la vigilancia institucional.
Respecto al valor del contrato, la MOE justificó los 2.1 billones de pesos pactados con base en la complejidad de los servicios incluidos. Ávila indicó que “son 16 bienes y servicios electorales y por eso mismo, porque son tantos y tan complejos, que tenemos una contratación por un valor de 2.1 billones de pesos”.
Durante el análisis, la MOE señaló que uno de los factores considerados para la adjudicación fue la experiencia del contratista en procesos logísticos de gran escala, sin que se exigiera que esta experiencia estuviera necesariamente relacionada con elecciones desarrolladas en Colombia.
