La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su sexto informe ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, en el que advirtió sobre la falta de transparencia en la financiación de los aspirantes a la Presidencia y al Congreso de 2026, además de la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se pronuncie sobre la personería del Pacto Histórico y el alcance jurídico de la consulta realizada el 26 de octubre.
De acuerdo con la organización, aún no existe una definición clara sobre la solicitud de fusión presentada por los partidos que integran esa coalición, lo que genera incertidumbre en torno a las reglas de participación, la conformación de listas y la posible concurrencia a consultas interpartidistas.
Frey Muñoz, subdirector de la MOE, señaló que resolver estas dudas es un requisito esencial para la certeza democrática, tanto de los ciudadanos como de los movimientos políticos que participarán en las elecciones.
El informe también alertó sobre los riesgos de violencia política que persisten en el país. Entre el 8 de marzo y el 8 de septiembre de 2025, la MOE registró 222 hechos de violencia contra liderazgos sociales, comunales y políticos. De estos, 136 casos, el 61% estuvieron dirigidos específicamente contra líderes políticos.
La organización destacó que el 49,1% de los casos se concentran en los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y en Bogotá D.C., donde la situación de seguridad en zonas rurales continúa siendo preocupante.
El coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, Diego Rubiano, sostuvo que es fundamental acelerar la implementación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) y fortalecer medidas de protección con enfoque diferencial ante el incremento de amenazas y agresiones.
En materia de financiación política, la MOE identificó vacíos en la rendición de cuentas y problemas de temporalidad en los actos de campaña. A la fecha, el módulo público del aplicativo Cuentas Claras, que debe registrar los ingresos y gastos de los comités promotores de grupos significativos de ciudadanos, aún no ha sido habilitado, lo que impide verificar el uso y trazabilidad de los recursos empleados durante la recolección de firmas.
El informe señala además la existencia de 42 cuentas activas de precandidaturas a la Presidencia, identificadas a través de la Biblioteca de Anuncios de Meta, con un gasto acumulado de $799.040.985 en publicidad digital entre marzo y octubre de 2025. Según la MOE, no hay información disponible sobre el origen de esos recursos ni reportes ante la autoridad electoral, lo que refuerza las advertencias sobre la falta de transparencia y control en el manejo de los fondos de campaña.
Alejandra Barrios, directora de la organización, indicó que garantizar el acceso público a la información financiera y la rendición de cuentas es esencial para fortalecer la confianza ciudadana y prevenir irregularidades de cara a los comicios de 2026.
