Este lunes 26 de mayo, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dio inicio al juicio contra el actual ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en un proceso que se relaciona con el escándalo conocido como el ‘carrusel de la contratación’, ocurrido durante la administración del fallecido alcalde Samuel Moreno Rojas en Bogotá.
La diligencia judicial está a cargo del magistrado Jorge Emilio Caldas, quien preside el despacho responsable del caso. El inicio de la audiencia se vio retrasado por la ausencia momentánea del ministro, quien no se encontraba conectado a la sesión virtual. Tras un requerimiento de la magistratura para que informara las razones de su inasistencia, Sanguino se presentó minutos después, señalando que se encontraba atendiendo asuntos oficiales en calidad de ministro, los cuales suspendió para cumplir con la citación judicial.
La Fiscalía General de la Nación acusa a Sanguino del delito de tráfico de influencias de servidor público, por hechos que habrían ocurrido en el año 2008, cuando ejercía como concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde. Según el escrito de acusación, durante el proceso de nombramiento de directivos en la red hospitalaria distrital, Sanguino habría manifestado su interés en que una persona de su confianza fuera designada como gerente del Hospital de Usme.
De acuerdo con el expediente judicial, la presunta intervención de Sanguino tenía como objetivo consolidar su posicionamiento político en el sur de la ciudad y eventualmente influir en la adjudicación de contratos dentro del centro hospitalario.
En el mismo documento se señala que el entonces cabildante habría solicitado una comisión del 10% sobre un contrato de obras, conducta que la Fiscalía considera parte de una posible maniobra de corrupción en el manejo de recursos públicos.
La Secretaría de Salud de Bogotá solicitó ser reconocida como víctima dentro del proceso, argumentando daño moral y afectación a su buen nombre. No obstante, la defensa del ministro se opuso a esta solicitud, indicando que en el decreto de nombramiento que dio origen a los señalamientos no existe mención directa que permita establecer un perjuicio específico contra la entidad.
El caso se desarrolla bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, debido al fuero constitucional del ministro. La Sala de Primera Instancia será la encargada de examinar las pruebas presentadas por la Fiscalía y determinar la responsabilidad penal del funcionario.
Antonio Sanguino, quien también tiene a su cargo la radicación y trámite de la reforma laboral ante el Congreso, no ha emitido declaraciones públicas sobre el proceso. Su equipo jurídico tampoco ha ofrecido comentarios al respecto.
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