El Ministerio de Salud confirmó que no aplicará reajustes retroactivos a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) correspondiente al año 2024 ni a vigencias anteriores, luego de finalizar las mesas técnicas convocadas en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional.
La decisión fue comunicada tras concluir que no se logró un consenso entre los distintos actores del sistema de salud sobre una cifra específica para la UPC y que, durante el proceso, se identificaron presuntas irregularidades en el uso de los recursos del aseguramiento.
La posición oficial fue expuesta por el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, quien señaló que la cartera considera cumplida la instrucción del alto tribunal en los términos en que fue emitida.
De acuerdo con el funcionario, el mandato de la Corte establecía la realización de espacios de concertación orientados a acordar el valor de la UPC, escenario que efectivamente se desarrolló, aunque sin resultados concretos en materia de ajuste.
Martínez explicó que, durante las sesiones, no fue posible alcanzar un acuerdo técnico y financiero entre las entidades participantes. En lugar de consensos, el Ministerio reportó la detección de cobros que, según el análisis preliminar, no se ajustarían a los parámetros del sistema. Estos hallazgos llevaron a la autoridad sanitaria a priorizar la revisión del uso de los recursos antes de considerar cualquier modificación en los valores reconocidos.
Según la información entregada por el Ministerio, los datos recopilados en las mesas fueron remitidos a las instancias técnicas internas y a los organismos de control competentes, con el fin de que se adelanten las verificaciones correspondientes. La cartera indicó que este traslado busca que las eventuales inconsistencias detectadas sean evaluadas dentro de los procedimientos administrativos y de vigilancia establecidos.
Cabe recordar que la UPC es el valor que el sistema de salud reconoce a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado, destinado a cubrir los servicios incluidos en el Plan de Beneficios. Cualquier ajuste en esta unidad tiene impacto directo en la financiación del sistema, por lo que su modificación retroactiva ha sido un punto de discusión recurrente entre el Gobierno, los aseguradores y otros actores del sector.
El Ministerio reiteró que la ausencia de acuerdo fue un factor determinante para descartar cambios en la UPC de 2024 y años anteriores. De acuerdo con la versión oficial, la falta de una cifra consensuada impide adoptar una decisión técnica que tenga respaldo de todas las partes involucradas, tal como lo planteaba el requerimiento judicial.
Con esta determinación, el Gobierno deja sin efectos cualquier expectativa de reajuste retroactivo derivada de las mesas exigidas por la Corte Constitucional. No obstante, el Ministerio señaló que la información obtenida durante el proceso será utilizada como insumo para evaluaciones posteriores del sistema, especialmente en lo relacionado con el control del gasto y la verificación del destino de los recursos del aseguramiento en salud.
