El Ministerio de Educación Nacional expidió un acto administrativo dentro del proceso de inspección y vigilancia que adelanta sobre la Universidad de Antioquia, en el que se ordena el reemplazo del rector y representante legal de la institución, John Jairo Arboleda. La decisión se enmarca en las facultades otorgadas al Gobierno Nacional por la Ley 1740 de 2014 y el Decreto 2269 de 2023.
De acuerdo con la información oficial, la medida hace parte de un procedimiento administrativo de carácter progresivo, preventivo y proporcional, cuyo objetivo es proteger la sostenibilidad institucional de la universidad y garantizar la adecuada prestación del servicio público de educación superior. El Ministerio precisó que la determinación no corresponde a una sanción disciplinaria, sino a una actuación administrativa dentro del marco de sus funciones de control.
El acto administrativo establece que el reemplazo del rector se realizará por un período inicial de hasta un año, con la posibilidad de una única prórroga, dependiendo de la evolución de la situación administrativa y financiera de la institución, así como del cumplimiento de las medidas ordenadas por la cartera educativa. Durante este tiempo, el Ministerio designará a quien asumirá la representación legal y la dirección de la universidad.
Sin embargo, la decisión aún no ha producido efectos jurídicos. El Ministerio aclaró que el acto administrativo se encuentra en etapa de notificación personal al rector saliente, trámite que debe adelantarse conforme a los procedimientos legales vigentes. Mientras no se surta dicha notificación, la decisión no se considera ejecutoriada ni el procedimiento puede darse por concluido.
Como parte del proceso, el Ministerio de Educación informó que, junto con la citación para la notificación personal, se remitió copia del acto administrativo al Consejo Superior Universitario, órgano máximo de dirección de la Universidad de Antioquia. Este paso busca garantizar que las autoridades universitarias estén formalmente informadas del contenido y alcance de la medida.
La cartera educativa reiteró que todas las actuaciones se han realizado respetando la autonomía universitaria, principio consagrado en la Constitución Política, y que la intervención tiene como finalidad salvaguardar los derechos de la comunidad universitaria, así como la estabilidad académica, administrativa y financiera de la institución.
Finalmente, el Ministerio señaló que cualquier información adicional sobre el avance del proceso será comunicada exclusivamente a través de los canales institucionales oficiales, una vez se agoten las etapas legales correspondientes. La decisión ha generado expectativa en la comunidad académica y en el ámbito educativo del país, a la espera de que se complete el trámite de notificación y se conozcan los pasos siguientes dentro del proceso administrativo en curso.
