En asamblea permanente se declararon los mineros del municipio de El Bagre como respuesta a los recientes operativos del Gobierno Nacional contra la minería informal. Durante la operación conjunta entre la Policía y la Fuerza Aérea, fueron destruidas 24 dragas y 9 excavadoras, maquinaria que, según las autoridades, era utilizada por el Clan del Golfo para la extracción de oro de manera ilegal.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la maquinaria destruida estaba involucrada en la extracción mensual de cerca de 49 kilos de oro, con un valor aproximado de $19.600 millones, generando ingresos para las estructuras criminales que operan en la región.
Frente a esta situación, los voceros del gremio minero expresaron su rechazo a las acciones del Gobierno, argumentando que la minería informal es una actividad ancestral y esencial para el sustento de las comunidades del Bajo Cauca. En una asamblea convocada tras los operativos, se decidió mantener la movilización hasta que el Gobierno Nacional abra canales de diálogo con los representantes del sector. Además, advirtieron que no descartan un cese de actividades si no se establecen esos espacios de conversación.
Uno de los voceros del gremio, Francisco Arrieta, señaló que los trabajadores se sienten estigmatizados y perseguidos por las acciones del Gobierno. «Las medidas del Ministerio de Defensa nos afectan directamente, sin que se reconozca la minería como una actividad tradicional que forma parte de nuestra identidad y economía», indicó Arrieta.
En medio de la protesta, los mineros denunciaron que varios compromisos del Gobierno con los trabajadores de municipios cercanos como Caucasia, Nechí, Cáceres, Zaragoza, Tarazá y El Bagre no se han cumplido o presentan serios retrasos. Exigen el cumplimiento de estas promesas, entre ellas, garantías laborales y el respeto a su actividad como una fuente de sustento en la región.
Aunque el Gobierno insiste en que sus operativos están dirigidos a desarticular las estructuras criminales que controlan gran parte de la minería ilegal en la zona, los mineros aseguran que la persecución también está afectando a aquellos que han trabajado de manera tradicional durante décadas.
