En un acto sin precedentes, más de 600 ciudadanos han firmado una carta dirigida al Presidente Gustavo Petro, exigiendo respeto por la Constitución y la institucionalidad del país.
La misiva, que refleja la preocupación de un amplio sector de la sociedad civil, subraya la importancia de mantener los principios democráticos y el Estado de derecho en Colombia.
La carta titulada: ‘Manifiesto por el Estado de Derecho y la Democracia’, resaltan la principal preocupación, el respeto a las instituciones, por lo que en el documento se le solicita, al presidente Gustavo Petro, cesar el uso de «expresiones agresivas que podrían desencadenar actos de violencia política».
La carta, firmada por académicos, líderes sociales, empresarios, y ciudadanos de diversos sectores, insta al Presidente Petro a cumplir con su mandato bajo los principios constitucionales y a respetar las instituciones que garantizan la democracia en el país.
En los firmantes también se encuentran Ingrid Betancourt, Mauricio Cárdenas, Rafael Nieto Loaiza, Enrique Peñalosa, Eduardo Pizarro Leongómez y otros, enviaron una carta al presidente Gustavo Petro en la que le hicieron un llamado para que “honren su juramento de respetar la Constitución y las Leyes”.
Los firmantes expresan su inquietud ante ciertas acciones y declaraciones del gobierno que, según ellos, podrían debilitar las estructuras institucionales y poner en riesgo el equilibrio de poderes.
Los autores de la carta subrayan la importancia de que el mandatario cumpla con su mandato constitucional de simbolizar la unidad nacional y garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.
De acuerdo a la carta, los firmantes están preocupados por la independencia de las ramas del poder público.
El martes 16 de julio el presidente se refirió a la Corte Constitucional en su discurso en la Plaza de Bolívar, instando a sus magistrados a no suprimir la reforma pensional.
La reforma ha sido demandada por vicios de trámite, por lo que las palabras del mandatario han sido interpretadas por miembros de la oposición como una intromisión indebida del Ejecutivo sobre el poder judicial.
Y le piden al jefe de Estado cesar las “expresiones agresivas, ya que estas podrían desencadenar actos de violencia política”. Por otro lado, enfatizaron en que es esencial reconocer la independencia de las ramas del poder público, que deben operar de manera autónoma y no como apéndices del Gobierno.
El manifiesto también aborda la importancia de “garantizar la libertad económica y la iniciativa privada”. Y los firmantes exigen que el Gobierno cree un clima adecuado para la inversión privada y promueva el desarrollo económico.
En el documento, se estipulan nueve «principios cardinales» que según el escrito, garantizarían la colaboración respetuosa y armónica entre las distintas ramas del poder público. Entre esos están la obligación del Presidente de la República de unir a la Nación alrededor de propósitos superiores y la importancia de garantizar la realización de elecciones libres en 2026.
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