La representante a la Cámara Marelen Castillo presentó una acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral con el propósito de frenar la revocatoria de su candidatura al Senado y mantener vigente su aspiración electoral con el aval del Centro Democrático.
El recurso fue admitido por un tribunal administrativo y se sustenta en que, según su defensa, no incurrió en doble militancia ni hizo parte de la fundación del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción.
La controversia se originó tras la decisión del CNE del pasado 2 de febrero, mediante la cual se dejó sin efecto su inscripción como candidata. En el documento judicial, de 52 páginas, la Congresista sostiene que su curul en la Cámara no tuvo origen partidista sino personal, al haber sido fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en las elecciones presidenciales de 2022.
Según ese planteamiento, su elección no la vinculó formalmente a la estructura interna del movimiento político que posteriormente obtuvo personería jurídica. La defensa argumentó que el CNE desconoció un fallo del Consejo de Estado del 8 de febrero de 2024, en el que se indicó que Castillo no participó en la conformación de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.
En la tutela se cita además la Resolución 3750 del 4 de agosto de 2022, mediante la cual se reconoció la personería jurídica de esa colectividad, sin que la Congresista hubiera intervenido en el proceso ni manifestado su afiliación.
El recurso judicial solicita la protección de sus derechos políticos y la reactivación de su inscripción en la lista cerrada al Senado del Centro Democrático, donde ocupa la casilla 20. Desde esa colectividad, su director Gabriel Vallejo expresó respaldo público y anunció que agotarán las instancias jurídicas para defender la candidatura.
La tutela también invoca como antecedente un caso reciente resuelto por el CNE a favor del representante Miguel Abraham Polo Polo, en el que el organismo concluyó que no existían pruebas de militancia en un partido distinto al que avaló su elección. La defensa de Castillo sostiene que su situación guarda similitudes en cuanto a la inexistencia de afiliación formal previa.
En el escrito, la congresista afirmó que la decisión electoral afectó su derecho a la participación política y a la libertad de afiliación, al atribuirle una militancia inexistente. Señala que la tutela constituye el único mecanismo eficaz para evitar un perjuicio irremediable mientras se resuelven las acciones ordinarias. El tribunal deberá ahora estudiar el fondo del reclamo y definir si procede la protección solicitada.
