Liz Truss, que fue la que menos tiempo permaneció en el cargo, 44 días, fue, con mucho, la más destructiva con su plan no financiado de reducir los impuestos a los ricos. Los mercados le hicieron pagar esta decisión contraintuitiva en plena crisis.
Y al final, son los británicos los que pagan la factura: la inflación del 10 %, la más alta del G7 y la más alta de los últimos 40 años, está erosionando considerablemente su poder adquisitivo. El consumo se resiente, con una caída del 1,4% en septiembre.
La libra está en su punto más bajo y los tipos de interés se disparan mientras la deuda sube peligrosamente; ya es casi tan pesada como el PIB del país. Se avecina una recesión, ya que tanto el FMI como los analistas de la banca privada prevén que la economía británica se contraiga en 2023.
Jeremy Hunt, el efímero ministro de Economía llamado por Liz Truss, ha advertido que habrá que tomar decisiones difíciles en el próximo presupuesto. Se refiere a la reducción del gasto público, única solución, junto con la subida de impuestos, para que entre nuevo dinero en las arcas del Estado, que se enfrenta al desorbitado coste de su deuda.
La pandemia y luego la crisis energética multiplicada por diez por la guerra de Ucrania son los culpables inmediatos. Pero estos choques se producen en una economía ya debilitada por el Brexit. La salida de la Unión Europea ha agravado la escasez de mano de obra. No ha remediado el descenso de la productividad, sino que lo ha amplificado.
El divorcio no fue el desastre anunciado por los “remainers”, pero menos aún la bonanza alabada por los “brexiters”. Pero admitir esto sigue siendo parte de la irreflexión del Partido Conservador.
