La decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la ley que creó el Ministerio de la Igualdad y Equidad, en la práctica deja dos caminos al Gobierno de Gustavo Petro.
En vista que el alto tribunal postergó la aplicación de la medida hasta el fin de la legislatura del 2026, uno de los caminos para mantener la cartera, es el trámite de una ley que subsane los vicios que generaron la caída de la ley.
La Corte determinó que el proyecto que se aprobó en el Congreso no contó con un concepto fiscal o sea no se presentó un informe de impacto fiscal que generaría en el presupuesto general de la Nación, la creación del nuevo Ministerio.
La ley fue demandada por los legisladores de la oposición Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y José Jaime Uscátegui.
Para la oposición es una limitada victoria, al respecto la senadora Paloma Valencia afirmó, «Un Ministerio que era pura burocracia; 1.3 billones de los cuales 900 mil eran para cargos burocráticos».
La corte le lanzó un salvavidas al ejecutivo y tiene dos años para tramitar la ley que ajuste los vicios, esta ley deberá tener cuatro debates y ser aprobada antes del 20 de junio de 2026,
Si no se tramita y se aprueba la ley antes de la fecha mencionada, el Ministerio de la Igualdad y Equidad de Francia Márquez dejaría de existir.
Es de recordar que el Ministerio ha sido una de las entidades más criticadas por su baja ejecución, iniciando el mes de mayo del 2024 solo ha ejecutado el 0,36 por ciento.
La ministra Márquez justificó la baja inversión de su cartera con el argumento que esta creando una institución desde cero, «Si hoy no estamos ejecutando, no es porque no podamos, es porque estamos creando una institución de cero. En 100 años aquí no se había creado un Ministerio como el que estamos creando nosotros».
El otro camino que le queda al Gobierno Petro, sería el reasignar las funciones de la cartera a otras instituciones y realizar el desmonte del Ministerio.
Aún no existe un pronunciamiento de Petro o Márquez sobre el tema, sin embargo, los allegados al gobierno si han hecho pública su opinión.
