domingo, diciembre 5, 2021
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Las preguntas sobre «las extrañas prisas» de la Alcaldía y EPM para vender las acciones de EPM-UNE

La polémica está armada por cuenta de las extrañas prisas que le corre al Alcalde de Medellín, Daniel Quintero y al gerente de Empresas Públicas de Medellín, para buscar la autorización de vender las acciones de EPM-UNE que se tiene en TIGO-UNE.

Un importante bloque de concejales, ha alzado su voz y ha pedido tiempo para analizar con responsabilidad la propuesta de proyecto de acuerdo que envío al Concejo la administración municipal para que el tema sea discutido en sesiones extras y en el corto tiempo de éstas, se le de autorización para la venta de esas acciones.

Simón Molina es uno de los concejales que se viene haciendo preguntas sobre el porqué de la prisa del alcalde para vender las acciones y desde hace varios días, en su cuenta de twitter, se viene manifestando sobre la responsabilidad que le cabe a los corporados en la toma de una decisión de semejante tamaño.

Concretamente se pregunta Molina «¿Por qué tanto afán para discutir una decisión tan importante para la ciudad? Solo 2 semanas de discusión para una decisión que puede estar alrededor de 2 o 3 billones de pesos» y explica que «se requiere una amplia discusión técnica, jurídica y financiera.»

Para el concejal del Centro Democrático, «en un momento en el que el acceso a Internet es un servicio público esencial y la conectividad clave para el desarrollo de la sociedad, ¿como garantizar el acceso en las zonas vulnerables y de difícil acceso si la única empresa con inversión pública se privatiza completamente? y continúa preguntando «qué va a pasar con los empleados que hacen parte de UNE? ¿Será que el grupo EPM tiene alguna estrategia para garantizar la estabilidad laboral y los derechos adquiridos de esos empleados?.

Simón Molina también señala que «Según la banca de inversión encargada de la valoración de UNE, tardarán 4 meses para saber el precio de la compañía» y se pregunta nuevamente ¿Por qué pretenden que el Concejo autorice la venta sin saber cuántos recursos se pueden recibir por esta transacción?, ¿Quieren que firmemos un cheque en blanco?»

Para el concejal «no hay claridad frente a la destinación de estos recursos en caso de darse la venta. EPM dice que los necesita para Hidroituango (deberían ser para eso) El alcalde dice que los quiere para la reactivación economía», e indica además que «Ante una administración que le miente de manera recurrente al concejo y a sus ciudadanos, es muy difícil darles autorización para esta venta, pues corremos el riesgo de que esos recursos no se inviertan de manera transparente y eficiente.»

Es así como hoy en el Concejo el propio concejal hizo una propuesta orientada a que no se aborde este importante tema en las sesiones extras y mas bien se haga con mayor tiempo en sesiones ordinarias, puntualmente dice que «los debates del proyecto que busca la venta de la participación, que EPM tiene en UNE Telecomunicaciones, se deben dar en sesiones ordinarias y luego de conocer la valoración de la compañía». Así sería mucho más claro el panorama, pues se esperaría la valoración por parte de la banca de inversión. La propuesta fue apoyada por el Sindicato de Profesionales SINPRO.

Es que el tema no es menor. EPM-UNE tiene el 50% de las acciones en TIGO-UNE, empresa que por acuerdo interno, dejó el control a Millicom. Es por esta razón, que hasta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, terminó llamando a los concejales a la responsabilidad con el patrimonio de Medellín.

Simón Molina indicó que «necesitamos conocer la valoración de UNE para saber cuánto cuesta el 50% que EPM tiene en la compañía. Nos preocupa que si esos recursos no son suficientes vengan en algunos meses a pedirnos permiso para vender otro activo de EPM», además de que según indica, no hay claridad sobre la verdadera destinación de los recuersos una vez se produzca la venta.

Esta posición la comparte también el Concejal Alfredo Ramos quien en el debate se hizo la misma pregunta sobre lo que pretende EPM y la Alcaldía con el proyecto que ha pasado en busca de la autorización sin conocerse el valor real para la venta. Estas preguntas se sumaron a las que tiene también con respecto a Afinia, que invertirá 10 billones de pesos, cuando ahora EPM comenzó a decir que tampoco tiene plata suficiente que que necesita «flujos de capital».

Para Ramos, el tema de EPM-UNE supone una irresponsabilidad al no plantearse los mínimos de valor.

La destinación de los recursos que se obtendrían por la venta de la participación del 50% en el negocio de TIGO-UNE, se ha dicho por parte de la alcaldía que iría para cubrir los «sobrecostos de HidroItuango», algo que también cuestionó el concejal Daniel Duque, quien en días pasados junto con Daniel Carvalho, Amalia Camacho y Sebastián López, realizaron un foro sobre el tema. Para Duque, no es comprensible el afán por vender cuando ni siquiera se tienen los detalles de a cuánto ascienden los sobrecostos de HidroItuango.

Así las cosas el tema es candente y tiene muchas más preguntas que respuestas y corresponderá al Concejo de Medellín, decidir si aplaza para sesiones extraordinarias en octubre el análisis y discusión del tema o si se acoge a las extrañas prisas de EPM y la Alcaldía por vender sin saber por cuanto ni cuánto es el monto de los sobrecostos de HidroItuango.

En medio de estas discusiones, salió una teoría sobre el «por qué» de los afanes de la alcaldía y EPM por vender pronto y tendría que ver con un tema electoral; pues de esperar hasta octubre los debates, el proceso de venta podría tardar y así, estar en el marco de la «ley de garantías» lo que le impediría a la alcaldía, la celebración de contratos que buscarían amarrar antes que entre a regir la restricción en la contratación.

Esto hace pensar a algunos de los analistas en el tema, que en efecto, los dineros recaudados no irían en su totalidad para HidroItuango y serían destinados a la contratación de la Alcaldía en otros rubros no conocidos.

Esta es otra de las razones que algunos consideran deben ser tenidas en cuenta para que no se entregue un «cheque en blanco» a la administración, pues se corre el riesgo de que se desvíen los recursos en temas de «contratación» con fines electorales.

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