El presidente Gustavo Petro ha abierto un nuevo capítulo en el debate sobre la regulación de cultivos ilícitos en Colombia. El 21 de octubre, en una movida que coincidió con el reporte de Naciones Unidas sobre un incremento del 53% en la producción potencial de cocaína en el país, el mandatario lanzó una propuesta revolucionaria: que el Estado compre cultivos de coca. Para respaldar esta iniciativa, el Ministerio de Justicia presentó un borrador de decreto que detalla cómo podrían ser regulados tanto el cultivo de coca como el de amapola para usos científicos e industriales.
Este proyecto de decreto marcaría un antes y un después, ya que sería la primera vez que el Estado colombiano permita oficialmente la posesión y cultivo de estas plantas, hoy en día consideradas ilícitas. La normativa establece un procedimiento para que cultivadores y entidades interesadas puedan solicitar licencias para sembrar, poseer semillas y utilizar cultivos de coca y amapola, algo inédito en la historia del país. Pero esta puerta abierta trae consigo una serie de interrogantes y preocupaciones.
El dilema de las barreras legales y de seguridad
El contexto normativo actual solo regula el cultivo de cannabis para ciertos usos, dejando fuera a la coca y a la amapola. Si bien existen excepciones en el caso de las comunidades indígenas, cuyo uso de la coca para fines medicinales es protegido, el cultivo con otros fines sigue siendo ilegal bajo el marco internacional que Colombia suscribe. La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 clasifica la hoja de coca como una sustancia controlada, y el país está comprometido a penalizar su producción para usos distintos a los científicos o culturales.
Esta situación plantea un desafío para la ejecución del decreto. “No existen mercados internos consolidados para usos alternativos de la coca, y el marco internacional nos limita”, explica Lucas Marín, investigador de la Universidad de los Andes a un periódico nacional.
En países como Perú y Bolivia, la coca tiene aplicaciones culturales y comerciales permitidas, pero Colombia carece de esa infraestructura. El investigador sugiere que, aunque se podría explorar la exportación hacia naciones donde el consumo está descriminalizado, como Suiza y Portugal, los obstáculos legales internacionales hacen de esta idea una opción lejana.
A esto se suma una preocupación clave: la seguridad de los campesinos en las zonas cocaleras. María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), advierte que aquellos cultivadores que opten por venderle al Estado en lugar de a los grupos armados enfrentan un grave riesgo. “La violencia en estas áreas no es solo una amenaza abstracta; es una realidad constante para los agricultores”, subraya Vélez al mismo periódico.
La falta de claridad en el control y seguimiento
El decreto estipula que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CoNE) continuará siendo el ente regulador, encargado de las autorizaciones para la posesión y el cultivo. Sin embargo, el borrador no establece mecanismos claros para sancionar posibles incumplimientos o controlar la reventa de la materia prima a grupos ilegales. Además, plantea que solo entidades públicas pueden solicitar estas licencias, excluyendo a particulares, en un esfuerzo por mantener la trazabilidad y evitar que los cultivos caigan en manos del narcotráfico.
César Niño, experto en conflicto y seguridad, plantea una crítica contundente. Para él, el decreto, aunque bien intencionado, está lejos de ofrecer una solución real al problema del narcotráfico. “Comprar hojas de coca no resolverá las complejidades estructurales del narcotráfico en el país”, comenta Niño al diario capitalino. Desde su perspectiva, esta medida podría incluso agravar la situación en territorios donde el Estado ha tenido poca o ninguna presencia histórica.
El camino por recorrer
El borrador de decreto aún deberá pasar por un periodo de consulta pública, en el que campesinos, expertos y ciudadanos podrán hacer sus observaciones. Solo entonces el Gobierno revisará y ajustará el contenido final de la norma.
En definitiva, esta propuesta de regulación de cultivos ilícitos abre un debate crucial para el futuro de Colombia, cuestionando no solo la viabilidad de una transición hacia un uso controlado y legal de la coca y la amapola, sino también el papel del Estado en territorios históricamente olvidados y sometidos a la violencia.
