Ya han transcurrido más de tres meses desde que comenzó a aplicarse la tasa especial de seguridad y convivencia en el departamento de Antioquia. El cobro, vigente desde el 1 de enero de 2025 y con duración hasta el 31 de diciembre de 2027, ha generado debate tanto en la ciudadanía como en sectores políticos y empresariales.
Los primeros pagos se habilitaron en marzo a través del portal web de la Gobernación de Antioquia. Esta contribución recae exclusivamente sobre los estratos residenciales 4, 5 y 6, así como sobre el sector comercial e industrial, y se calcula con base en el consumo mensual de energía.
Cómo se liquida y ¿quién debe pagar?
El proceso de facturación se realiza con base en los datos de consumo que entrega EPM, pero el recaudo está a cargo de la empresa Valor+, la filial del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA. Los contribuyentes deben ingresar al sitio web oficial www.antioquia.gov.co, acceder al banner sobre la tasa de seguridad, digitar el número de contrato de EPM y efectuar el pago en línea.
Ante la incertidumbre de muchos ciudadanos sobre quién tiene la responsabilidad del pago —si el arrendatario o el propietario del inmueble—, la Gobernación aclaró que la obligación recae directamente sobre el titular del contrato de servicios públicos, quien usualmente es también el dueño del inmueble. En caso de incumplimiento, se podrían iniciar procesos de cobro coactivo, aunque no habrá suspensión del servicio de energía, ya que se trata de cobros independientes.
Montos y respaldo jurídico
Según estimaciones oficiales, para los hogares residenciales, el valor mensual oscila entre $12.000 y $17.000, siempre y cuando el consumo de energía no sea elevado. En el caso de establecimientos comerciales e industriales, el monto varía dependiendo de la magnitud del consumo eléctrico.
El cobro ha sido ratificado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que en dos ocasiones ha rechazado solicitudes de medidas cautelares que pretendían suspender su aplicación. A pesar de ello, la legalidad del proceso ha sido puesta en tela de juicio por algunos sectores, que cuestionan la manera en que se ha implementado y el uso del mecanismo de facturación a través de una empresa distinta a EPM.
Tensiones entre gobernación, Medellín y oposición
La implementación de la tasa no ha estado exenta de fricciones. Desde la Alcaldía de Medellín se han manifestado reservas sobre la conveniencia del cobro. Incluso EPM decidió no participar directamente en la facturación, al considerar que este esquema podría ser perjudicial para la estructura tarifaria de los servicios públicos, dentro de un esquema regulado por la CREG.
Diputados como Luis Peláez también han expresado su inconformidad, denunciando falta de claridad legal y presuntos vacíos en la gestión del cobro. Aun así, la Gobernación mantiene firme la ejecución de esta política, argumentando que los recursos se destinarán a reforzar la seguridad y la convivencia en el departamento.
Así las cosas, la Gobernación invitó a los ciudadanos responsa del pago a ingresar a la plataforma y ejecutar el pago correspondiente.
