Durante 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz, en siglas JEP, ejecutó el 99,3 % de los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación, destinados a garantizar su funcionamiento, el desarrollo de los procesos judiciales y la atención a las víctimas del conflicto armado.
Lo cual, explicaron, ubicó a la JEP como la entidad del sistema de justicia con mayor nivel de cumplimiento presupuestal en el año.
El Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda registró que el Sistema Integral para la Paz, del cual hace parte la JEP, ocupó el primer lugar en ejecución presupuestal entre los 32 sectores que conforman el presupuesto general de la nación.
A nivel de obligaciones, que correspondía a pagos sobre entregables o bienes recibidos, la JEP alcanzó un cumplimiento del 88,2 %, cifra que, mencionaron desde la entidad, se vio impactada por la incorporación de 30.130 millones de pesos al presupuesto de la entidad el 30 de diciembre de 2025.
En el mismo orden de ideas, expusieron que la adecuada ejecución de los recursos permitió garantizar la participación de las víctimas y el desarrollo efectivo de los procesos judiciales.
El año pasado, la JEP aseguró la representación judicial de 6.555 víctimas, acreditó a 2.063 víctimas individuales y 55 sujetos colectivos, y realizó 99 jornadas de acreditación.
Además, desarrolló más de 235 audiencias públicas, 329 encuentros preparatorios, 518 diligencias judiciales y 338 versiones de comparecientes. La jurisdicción también adelantó 44 exhumaciones, 147 entregas dignas y 363 actividades de participación ciudadana, como parte de su mandato de búsqueda de la verdad, justicia y reparación.
Gracias a estos recursos, la JEP profirió sus dos primeras sentencias restaurativas en 2025, la primera contra el último Secretariado de las extintas Farc-EP por la política de secuestro.
Mientras que la segunda fue contra 12 antiguos integrantes del Batallón ‘La Popa’ por asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate en la Costa Caribe, así mismo, se aseguró que las actuaciones judiciales también derivaron en la condena de un compareciente de la fuerza pública que no aceptó responsabilidad en un juicio adversarial, así como en avances en la definición de la situación jurídica de quienes no fueron hallados máximos responsables.
La Contraloría General de la República evaluó la ejecución presupuestal de la JEP durante 2025 y concluyó que se ajustó a los principios de legalidad, eficiencia y transparencia, sin identificar hallazgos administrativos, fiscales o penales.
Y, el organismo resaltó los avances en las tres rutas judiciales de la JEP, dialógica, adversarial y no sancionatoria, así como los altos niveles de reconocimiento de verdad (91,46 %) por parte de los comparecientes y la consolidación de las herramientas de justicia transicional, con más de 2,3 millones de hechos analizados y más de 2.000 versiones recibidas.
