La Corte Constitucional de Colombia se pronunció de manera unánime sobre una demanda que buscaba anular uno de los puntos de la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, en particular el impuesto al patrimonio para quienes posean activos superiores a los $3.300 millones. El alto tribunal decidió inhibirse de emitir un fallo al considerar que la demanda no tenía los fundamentos necesarios para ser resuelta.
La demanda cuestionaba la permanencia de este tributo, establecido por la Ley 2277 de 2022, alegando que infringía el principio de equidad tributaria. Los demandantes argumentaban que este impuesto, al ser anual, reduciría el patrimonio de los contribuyentes con el tiempo. Además, se señalaba que esta medida podría ser la primera de carácter permanente desde la Constitución de 1991, abriendo la puerta a otros gravámenes sobre el patrimonio en el futuro.
El caso estuvo a cargo del magistrado Jorge Enrique Ibáñez y se había prolongado durante más de un año. En agosto de 2024, la Sala Plena votó sobre el asunto, pero el resultado fue un empate 4-4 debido a que el magistrado Vladimir Fernández estaba impedido para participar. Esto obligó a la Corte a convocar a una conjueza, la exmagistrada Clara Cecilia Dueñas, con la expectativa de resolver el asunto antes de la vacancia judicial. No obstante, el tema no fue abordado en las últimas sesiones del año.
El Ministerio Público, en su intervención, también cuestionó la ley, señalando la ausencia de un mecanismo que permitiera a los contribuyentes eximirse de pagar el impuesto en situaciones en las que los rendimientos de su patrimonio fueran menores a los previstos por la norma.
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