La Contraloría General de la República alertó sobre un déficit estructural que compromete la sostenibilidad de los subsidios de energía eléctrica y gas para 2025. La entidad advirtió que la brecha financiera, que afecta directamente a millones de usuarios y a las empresas prestadoras del servicio, podría aumentar la presión fiscal del Estado si no se toman medidas inmediatas.
El pronunciamiento se dio durante la quinta Mesa Técnica Conjunta de Seguimiento con la Procuraduría General de la Nación, espacio en el que se revisa la gestión, la apropiación y el pago de los subsidios causados en 2025, así como los pendientes derivados de la llamada opción tarifaria del Covid-19, que sigue representando una carga financiera considerable para las empresas del sector energético.
Según el informe presentado, “aunque la apropiación inicial para el sector de energía eléctrica es de $3,16 billones para 2025, la cifra cubre apenas el 47 % de los $6,6 billones requeridos”. La Contraloría señaló que los pagos realizados a las empresas alcanzan $2,58 billones, equivalentes a un 82 % de ejecución sobre los recursos disponibles. Sin embargo, el Ministerio de Minas y Energía aún podría agilizar pagos pendientes por $580.000 millones, recursos que ya existen en su presupuesto.
El panorama es todavía más crítico en el subsidio al gas combustible. Aunque el proyecto nacional presenta una ejecución del 100 %, los recursos disponibles para 2025 ya están agotados. La entidad advirtió que “existe la necesidad de apropiar recursos adicionales del orden de $750 mil millones adicionales para el resto del año”, con el fin de garantizar la continuidad del beneficio que reciben los hogares de menores ingresos.
En cuanto al gas licuado de petróleo (GLP), la situación también refleja rezagos importantes. Los programas de subsidio e infraestructura apenas alcanzan un 71 % de ejecución, mientras que la iniciativa de sustitución de leña por GLP —considerada fundamental para la transición energética justa y para reducir riesgos en salud pública— registra una ejecución del 17 %, la más baja del sector. Esto evidencia retrasos que la Contraloría atribuye a demoras administrativas que deberán ser resueltas con prioridad.
La sesión técnica contó con delegados del Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quienes escucharon las advertencias fiscales y operativas expuestas por la Contraloría y la Procuraduría.
El organismo de control insistió en que los retrasos en los giros no solo afectan la estabilidad financiera de las empresas prestadoras del servicio, sino que podrían traducirse en riesgos para la prestación continua de energía y gas en los hogares más vulnerables. Además, recalcaron que la falta de recursos suficientes mantiene una presión permanente sobre la sostenibilidad fiscal del Estado.
La Contraloría cerró su advertencia recordando que se trata de un déficit que no es nuevo, pero que se profundiza con cada vigencia presupuestal si no se ajustan las apropiaciones de acuerdo con las necesidades reales del país.
