La Agencia Nacional de Minería (ANM) confirmó que la mina de Guachetá, Cundinamarca, donde murieron seis mineros el pasado 5 de febrero, estaba siendo explotada de manera ilegal. Según Jimmy Soto, vicepresidente de la entidad, el título minero correspondiente había sido caducado desde mayo de 2019.
El accidente se produjo en la mina conocida como “Mata Siete”, ubicada en la vereda Peñas, durante la noche del jueves, de acuerdo a lo que se supo, tras la explosión se hizo un operativo de rescate coordinado a través de un Puesto de Mando Unificado, en el que participaron el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chocontá, la Policía Nacional, personal de la Alcaldía y equipos especializados de la ANM.
En los primeros reportes, se señaló que la emergencia había dejado trabajadores atrapados dentro del socavón. Posteriormente, el alcalde de Guachetá, Pablo Enrique Quicazán, confirmó que seis personas fallecieron como consecuencia directa del incidente. Las autoridades indicaron que la causa del accidente fue la acumulación de gas metano y no un colapso estructural de la mina.
Debido al riesgo químico, los rescatistas debieron evacuar temporalmente y ventilar el socavón antes de continuar con las labores de recuperación. La profundidad del socavón, estimada en 170 metros, sumada a la concentración de gases, dificultó el acceso de los equipos técnicos y obligó a mantener estrictos protocolos de seguridad, según explicó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.
Por su parte, la ANM recordó que la mina operaba sin autorización desde 2019, de acuerdo a la Resolución VSO0252, emitida el 26 de marzo de ese año, se declaró la caducidad del contrato de concesión N° ICQ-0800179X, que había sido suscrito originalmente en 2009 con la sociedad Colombian Mining Ltda. para la exploración y explotación de carbón y otros minerales en 13,98 hectáreas de Guachetá.
En su momento, se dijo que la decisión se basó en incumplimientos graves y reiterados de las obligaciones del contrato, incluida la falta de licencia ambiental vigente.
El vicecanciller Soto señaló que, pese a las advertencias y sanciones impuestas años atrás, la explotación en el lugar continuaba de manera irregular, lo que calificó como “actividades ilícitas que pusieron en riesgo la vida de los trabajadores”.
Las autoridades locales mantuvieron el cierre del área y restringieron el acceso mientras se completaban las labores de ventilación y recuperación de los cuerpos.
Pero, hasta el momento no se habían anunciado decisiones administrativas adicionales ni investigaciones formales sobre la operación de la mina, aunque se espera que estas se inicien una vez garantizada la seguridad total del área.
