Un nuevo fallo judicial puso límites a los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro en escenarios oficiales y redes sociales.
El Juzgado 35 Administrativo de Bogotá determinó que el jefe de Estado vulneró derechos fundamentales de los empresarios Roberto Moreno, presidente de la constructora Amarilo, y Luis Alberto Moreno, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ambos hermanos del senador estadounidense Bernie Moreno, tras una serie de afirmaciones públicas en las que se les atribuyeron conductas delictivas.
La decisión se produjo luego de una acción de tutela presentada por los hermanos Moreno, quienes alegaron afectaciones a su dignidad humana, buen nombre, honra e igualdad como consecuencia de declaraciones emitidas por el mandatario.
Según el despacho judicial, los señalamientos fueron realizados tanto en espacios institucionales, como sesiones del Consejo de Ministros, como a través de la cuenta oficial del presidente en la red social X, lo que amplificó su alcance y efectos.
En el análisis del caso, el juzgado estableció que Petro realizó imputaciones relacionadas con presuntos manejos irregulares de tierras, lavado de activos y vínculos con episodios financieros históricos, entre ellos el del Banco del Pacífico. Estas afirmaciones, de acuerdo con el fallo, no estuvieron acompañadas de pruebas ni de decisiones judiciales que las respaldaran.
En octubre de 2025, varias de estas referencias fueron reiteradas por el presidente en intervenciones oficiales, en el marco de confrontaciones públicas con el senador Bernie Moreno, congresista republicano cercano al expresidente estadounidense Donald Trump.
El despacho judicial señaló que, si bien el presidente goza del derecho a la libertad de expresión, este no ampara la atribución de delitos sin sustento probatorio. En ese sentido, precisó que las manifestaciones del mandatario excedieron los límites constitucionales de dicho derecho, especialmente por tratarse de la máxima autoridad del Ejecutivo y por haberse producido en escenarios de alta difusión institucional y mediática.
El fallo también destacó que las declaraciones no constituyeron hechos aislados, sino que fueron reiteradas en el tiempo, lo que incrementó el impacto sobre la reputación de los accionantes. Frente a los argumentos de la defensa presidencial, que sostuvo que se trataba de opiniones políticas, el juzgado concluyó que las expresiones analizadas no podían ser protegidas bajo ese marco cuando implican imputaciones concretas de conductas penalmente reprochables.
Como medida de reparación, la sentencia ordenó al presidente Petro retractarse de sus afirmaciones en un plazo máximo de 48 horas contadas a partir de la notificación del fallo. Además, deberá ofrecer excusas públicas a los hermanos Moreno utilizando los mismos canales en los que se difundieron los señalamientos: sesiones del Consejo de Ministros, alocuciones presidenciales y la cuenta oficial en la red social X.
La orden judicial establece que la retractación tendrá que mantenerse visible durante un periodo de tres meses, bajo criterios de proporcionalidad e impacto equivalente.
Esta decisión se suma a otros pronunciamientos recientes de la justicia que han exigido rectificaciones al presidente por declaraciones públicas, entre ellos un fallo emitido semanas atrás que lo obligó a corregir señalamientos dirigidos contra la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia.
