El exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, advirtió sobre los riesgos de modificar por decreto el funcionamiento del mercado eléctrico en Colombia, señalando que tales decisiones podrían derivar en un apagón, debido a la pérdida de confianza y desincentivo a la inversión en el sector energético.
“Cambiar las reglas del mercado eléctrico puede convertirse en un acto de profunda improvisación. Más cuando hay dudas en la forma y el fondo. La institucionalidad energética se construyó para proteger a los usuarios y motivar la inversión del sector, no para ser desmantelada por capricho. El riesgo de decisiones improvisadas puede ser un apagón”, aseguró Restrepo.
Su pronunciamiento se dio tras el anuncio presidencial, durante un reciente consejo ministerial, sobre una posible intervención por decreto en el mercado eléctrico. Según explicó Restrepo en una columna de opinión, la medida contempla limitar al 5 % la participación de la bolsa de energía y trasladar la deuda de la opción tarifaria a los usuarios de mayores ingresos.
Aunque la propuesta podría resultar atractiva para quienes han visto aumentos en sus facturas, el exministro considera que esto representa “un salto al vacío”, ya que la bolsa actúa como regulador de precios en épocas de escasez y sirve como complemento a los contratos de largo plazo. Limitar su participación, dijo, afectaría los incentivos para producir energía adicional en momentos críticos, como el fenómeno de El Niño.
Restrepo citó cifras de XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional, que proyecta un déficit de energía firme de 1.224 GWh para 2024-2025, con posibilidad de triplicarse hacia 2026 si no se desarrollan nuevos proyectos.
En su análisis, también recordó decisiones pasadas del sector que, pese a ser excepcionales, fueron tomadas dentro del marco institucional, como la introducción de la opción tarifaria en 2008 o la intervención de Electricaribe en 2016. Ambos casos, dijo, reflejan cómo el Estado puede actuar con urgencia sin comprometer la estabilidad del sistema.
“La regulación y la política pública no pueden convertirse en un instrumento político. Debilitar la institucionalidad y enviar señales erráticas solo agrava los problemas, encarece el riesgo país y bloquea las inversiones que Colombia necesita”, concluyó.
