El gremio de Inspectores de Convivencia y Paz a nivel nacional emitió un llamado público de alerta ante lo que considera un incumplimiento reiterado de la Ley 2492 de 2025 por parte de autoridades territoriales. La denuncia se hace luego de vencerse el plazo de seis meses otorgado por el legislador para la implementación de la norma, cuyo término expiró el pasado 23 de enero de 2026.
En el pronunciamiento, los inspectores advierten que la falta de aplicación de la ley los ha dejado en una situación que califican como crítica en términos de estabilidad laboral y jurídica. Según el documento, los funcionarios enfrentan “pocas soluciones, trabajos en condiciones deplorables, amenazas, intimidaciones por parte de alcaldías, gobernaciones y demás entes vinculados al cumplimiento de la ley”.
El comunicado señala directamente a los alcaldes y a otras autoridades administrativas por la omisión en la implementación de la norma. En ese sentido, se afirma que “el desacato de una ley de la República por parte de un servidor público no es una falta menor”, y que la omisión deliberada por parte de los mandatarios locales configura “un proceder arbitrario que vulnera derechos laborales y de carrera administrativa consolidada”.
Los inspectores también denuncian lo que describen como un abandono estatal en los niveles municipal, distrital, departamental y nacional. En el texto se indica que existe un “abandono estatal, departamental, distrital y municipal a los inspectores de Convivencia y Paz”, en relación con lo que consideran un desobedecimiento a la implementación de la Ley 2492 de 2025. En ese contexto, el gremio recalca que “la Ley 2492 no es una sugerencia; es una orden del Congreso de la República de obligatorio cumplimiento”.
De acuerdo con el pronunciamiento, el incumplimiento de la norma estaría generando consecuencias adicionales para las entidades territoriales. Los inspectores advierten que la falta de aplicación de la ley podría derivar en un daño fiscal, dado que los funcionarios afectados podrían iniciar acciones legales contra las administraciones locales, solicitando el pago de retroactivos. El documento señala que “el incumplimiento a la aplicación de la norma está generando un daño fiscal a los entes territoriales toda vez que los funcionarios afectados iniciarían acciones legales en contra de las administraciones solicitando pago de retroactivo”.
En el comunicado también se menciona a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Según el gremio, la CNSC “ni se pronuncia ni responde” frente a la situación expuesta y, por el contrario, estaría dilatando las posibles soluciones.
Finalmente, los Inspectores de Convivencia y Paz informaron que se declaran en alerta ante el incumplimiento reiterado de la Ley 2492 de 2025 y reiteraron su llamado a las autoridades de control y a la ciudadanía. En el cierre del pronunciamiento advierten que la inobservancia de la norma ha generado un escenario de incertidumbre para cientos de servidores públicos encargados de funciones relacionadas con la convivencia y la paz en los territorios del país.
