Una visita técnica adelantada por peritos de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General el pasado 7 de julio a la Cancillería dejó nuevas dudas sobre el futuro del contrato de expedición de pasaportes en Colombia.
El procedimiento de inspección, realizado en la mañana del lunes en las instalaciones de la Cancillería y de la Imprenta Nacional, concluyó, según fuentes consultadas por un medio de comunicación nacional que la entidad no cuenta con la capacidad técnica necesaria para asumir la fabricación de los pasaportes a partir del 1 de septiembre.
Aunque los resultados oficiales del informe aún no se hacen públicos, las revisiones preliminares habrían advertido sobre eventuales riesgos de detrimento patrimonial y vulneración del derecho a la libre circulación, en caso de que se insista en trasladar la operación desde la multinacional Thomas Greg & Sons hacia la Imprenta Nacional, sin una transición adecuada ni soporte técnico suficiente.
El diagnóstico coincide con las advertencias hechas por la exministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, quien renunció al cargo el pasado 3 de julio luego de exponer la inviabilidad de que la Imprenta Nacional asuma la demanda de 8.000 libretas diarias en el corto plazo. Sarabia había prorrogado el contrato vigente mediante una declaratoria de urgencia manifiesta, decisión que fue desconocida por el presidente Gustavo Petro y que derivó en su salida del Gobierno.
El informe preliminar también apunta a la necesidad de un período mínimo de entre 35 semanas y ocho meses para implementar el nuevo modelo, según estimaciones compartidas tanto por Sarabia como por el excanciller Luis Gilberto Murillo. Aún no existe contrato firmado con la Casa de la Moneda de Portugal, ni desde Lisboa se ha confirmado la ejecución del memorando de entendimiento anunciado por el Gobierno.
En medio del debate, sectores sindicales han manifestado su preocupación por la ausencia de un plan de transición claro. El presidente del sindicato de la Imprenta Nacional, Néstor Bojacá, aseguró que “es necesario que haya claridad sobre cómo será esa transición” y advirtió sobre las limitaciones técnicas y humanas que persisten en la entidad.
El escenario abre de nuevo la posibilidad de que el Gobierno deba optar por una prórroga del contrato con Thomas Greg & Sons. Sin embargo, esta alternativa enfrenta resistencias dentro del alto gobierno.
El rol del jefe de Despacho, Alfredo Saade, también ha entrado en revisión. Expertos en derecho disciplinario han advertido que podría repetirse un caso similar al del excanciller Álvaro Leyva, quien fue sancionado con 10 años de inhabilidad por frenar el proceso licitatorio del mismo contrato en 2024. En ese proceso, la Procuraduría consideró que Leyva actuó sin competencia legal, violando principios de contratación pública.
A menos de ocho semanas del vencimiento del contrato actual, las dudas sobre la capacidad de la Imprenta Nacional, la falta de planificación contractual y el vacío jurídico en torno a las decisiones adoptadas en Casa de Nariño mantienen en vilo el proceso de expedición de pasaportes.
Finalmente, este martes 8 de julio se llevó a cabo una una mesa técnica para abordar el tema de pasaportes, con la participación de delegados de la embajada de Portugal, la canciller encargada, Rosa Villavicencio, la gerente general de la Imprenta Nacional, Viviana León Herrera, junto con el jefe de Despacho, Alfredo Saade.
