Nuevos hallazgos salen a la luz en medio de la auditoría que adelanta la Contraloría General de la República sobre la gestión de recursos por parte del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Según un informe de más de 870 páginas, revelado por la revista Cambio, el 44% de los contratos con irregularidades habrían sido firmados en 2021.
El organismo de control fiscal ya había advertido sobre la falta de soportes en 889 convenios interadministrativos suscritos por el DPS con distintas alcaldías del país. Estos contratos, que representan cerca de 2,5 billones de pesos, fueron destinados a proyectos de infraestructura en zonas de alta vulnerabilidad.
No obstante, solo 25 expedientes contaban con documentación completa, lo que permitió verificar únicamente el uso de 58.000 millones de pesos, es decir, el 2,31% del total auditado.
El 22 de julio de 2024, más de 100 funcionarios de la Contraloría ingresaron a las oficinas del DPS para revisar contratos celebrados entre 2010 y el primer semestre de 2024. El equipo técnico desplegado no logró acceder a documentación completa en la mayoría de los casos. Incluso tras consultas en bases de datos como el Secop, archivos físicos e información financiera, la evidencia disponible resultó insuficiente.
Los convenios auditados fueron celebrados bajo la figura de contratación directa, permitida por la ley. Las alcaldías ejecutaban las obras y designaban interventorías, mientras que el DPS debía ejercer la supervisión de los proyectos. Sin embargo, el informe evidencia que, en numerosos casos, no existen documentos que justifiquen la selección de proyectos, las actas de los comités técnicos o registros de seguimiento.
El año 2021 fue señalado como el de mayor concentración de contratos auditados. Este período coincide con el escándalo conocido como “Las Marionetas”, en el que se investiga si recursos del DPS fueron direccionados con multas políticas bajo influencia del fallecido senador Mario Castaño.
Durante ese año, la entidad estuvo bajo la dirección de Susana Correa, quien ha declarado que los proyectos respondían a prioridades sociales y que toda la documentación debía reposar en los archivos del DPS.
Según el informe, los 33 requerimientos de información enviados por la Contraloría a las entidades responsables buscaban obtener copias de contratos, pólizas, actas y soportes de pago. En muchos casos, los documentos estaban incompletos, desordenados o eran ilegibles. También se reportaron carpetas físicas vacías o archivos digitales dañados.
Desde marzo de 2023, el DPS, bajo la dirección de Gustavo Bolívar, ha emitido más de 800 oficios a alcaldías involucradas para constatar en terreno la ejecución de las obras. La entidad trasladó la denuncia a la Fiscalía General de la Nación para que determine si hubo conductas de tipo penal en el manejo de los recursos.
La Contraloría también movilizó equipos a campo para verificar si las obras fueron construidas. De encontrarse inconsistencias, se podrían iniciar procesos de responsabilidad fiscal y remitir los casos a otras autoridades.
El informe precisó que los convenios firmados durante las administraciones de Cielo Rusinque y Laura Sarabia, entre 2022 y 2024, no presentan registros de nuevos contratos bajo el esquema auditado. Por su parte, los contratos firmados en la actual administración de Bolívar no se celebraron mediante convenios interadministrativos y no hacen parte del análisis actual.
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