Tras los acuerdos logrados en el paro transportador de septiembre del presente año, entró en vigencia el acuerdo que incrementa $400 en el precio del diesel, con lo cual el galón tendrá un costo promedio de $10.600.
El descontento por parte de los transportadores se da por el impacto que sufren en sus costos. «Los transportadores porque no pueden ajustar los precios de sus servicios al alza del diesel, ya que los precios de los fletes están regulados por el gobierno, y en muchos casos, los contratos de transporte son a largo plazo, lo que les impide trasladar el aumento a los clientes», así lo explica Carlos Vasco, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia.
De igual manera, el gremio debate que este aumento de los precios del diesel impacta sus ganancias, ya que el precio de sus servicios no se ajusta al costo real del combustible, lo que les obliga a operar con márgenes de ganancia más bajos.
El precio del diesel en Colombia está regulado por el Estado, a diferencia de la gasolina extra, cuyo precio fluctúa según los precios internacionales. Este sistema busca que Ecopetrol, la empresa estatal, no pierda la oportunidad de exportar el producto a precios más altos que los locales. Sin embargo, el aumento de los precios internacionales ha generado una brecha entre el precio local y el que Ecopetrol recibiría si exportara.
Carlos Vasco, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, también aclara que «el Estado debe transferirle a Ecopetrol la diferencia entre el precio local y el precio internacional, lo que genera un gasto para el gobierno que proviene de impuestos y ganancias de las empresas públicas».
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, ha propuesto la implementación de una estrategia de precios diferenciados para que el diesel se cobre a tarifas más bajas para ciertos usuarios, como el transporte escolar, intermunicipal y de carga. Sin embargo, «esto crea el problema del arbitraje, es decir, el riesgo de que los usuarios que no califican como beneficiarios vendan el combustible a precios más bajos. La idea de precios diferenciados tiene riesgos de corrupción. Hemos visto casos similares en otros países, como Venezuela, y en Colombia, con políticas de tarifas diferenciadas que fueron aprovechadas por carteles para defraudar al Estado», analiza Carlos Vasco, economista de la UdeA.
Ante esta situación, «el gobierno se enfrenta a un dilema entre aumentar el precio del diesel, lo que podría generar protestas y paros que afectarían aún más la economía, y subsidiar el precio para evitar estos conflictos, esta situación genera un «trade-off» donde el costo de un paro podría superar el beneficio del subsidio», explica Carlos Vasco, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia.
