El próximo martes 27 de mayo, la Fiscalía General de la Nación avanzará en el proceso judicial relacionado con el desfalco de más de $100.000 millones en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al iniciar la audiencia de imputación de cargos contra ocho personas presuntamente involucradas en esta trama de corrupción.
De acuerdo con el ente acusador, los hechos se habrían materializado a través de un convenio celebrado entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que fue reducido sustancialmente y utilizado como vehículo para desviar recursos públicos y direccionar la contratación en favor de terceros.
La Fiscalía sostiene que el entramado comprometió la legalidad del proceso contractual y facilitó la apropiación indebida de fondos del Estado.
Entre los señalados se encuentran exfuncionarios públicos, contratistas, abogados y representantes de entidades privadas, quienes enfrentarán imputaciones por delitos como concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad documental y lavado de activos.
Estos son los imputados y los cargos que enfrentarán:
- César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, será imputado por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
- Édgar Riveros Rey, el abogado, enfrentará cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
- Sonia Rocío Romeo Hernández, es contratista de la UNGRD y será procesada por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
- Óscar Enrique Cárdenas Angulo, también contratista de la UNGRD, enfrentará los mismos cargos atribuidos a Romeo Hernández.
- Édgar Echeverri Toro, es representante legal de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú) y será imputado por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
- Francisco Javier Estupiñán Bravo, jefe de ventas de Yapurutú, enfrentará los mismos cargos que Echeverri Toro.
- Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública, será imputado por el delito de lavado de activos.
- Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD, será procesada por el delito de lavado de activos.
La Fiscalía también anunció que solicitará ante el juez de garantías la imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad para los ocho implicados, bajo el argumento de que su permanencia en libertad representa un riesgo para el normal desarrollo del proceso judicial.
Este caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a varios funcionarios y exfuncionarios públicos, y que ha expuesto una estructura organizada de corrupción al interior de la UNGRD. La diligencia judicial programada representa una fase clave dentro del proceso penal que adelanta el organismo acusador.
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