Human Rights Watch (HRW) presentó su informe mundial de 2025, en el que advirtió sobre la grave situación humanitaria y los persistentes abusos contra los derechos humanos en Colombia durante ese año.
La organización destacó que los grupos armados, el limitado acceso a la justicia y los altos niveles de pobreza, especialmente en comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, continuaron siendo problemas estructurales en el país.
El informe señaló que, casi una década después del acuerdo de paz de 2016 entre las FARC y el gobierno, la violencia había resurgido con nuevas formas y los grupos armados habían ampliado su presencia en varias regiones.
Por otra parte, resaltó que a pesar de la estrategia de “paz total” del presidente Gustavo Petro, 2025 se caracterizó por uno de los peores escenarios humanitarios de la última década, marcado también por el asesinato del congresista y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
HRW aseguró que documentó que numerosos grupos armados, como el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, siguieron aplicando estrategias violentas para controlar territorios, generando confinamiento de comunidades, desplazamientos masivos y reclutamiento forzado de menores.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), más de 137.000 personas fueron confinadas entre enero y agosto, mientras que 544 civiles resultaron heridos o muertos por artefactos explosivos, un aumento significativo respecto a 2024.
De igual forma, se mencionó que OCHA informó que entre enero y agosto más de 79.500 personas fueron víctimas de desplazamientos masivos, y que la mayoría de las víctimas se concentró en la región del Catatumbo, superando en un 53 % el total registrado en todo el año 2024 que de acuerdo a registros oficiales fue de 52.000.
El informe también destacó abusos cometidos por miembros de la fuerza pública, incluyendo la falta de rendición de cuentas por violaciones pasadas y la limitada implementación de reformas para prevenir nuevos abusos. Entre los incidentes reportados figuró la muerte de un líder comunitario en Nariño tras un ataque de la Armada y la revelación de colaboración de algunos funcionarios de inteligencia con grupos armados.
La violencia contra defensores de derechos humanos continuó registrando altas cifras, HRW mencionó al menos 157 asesinatos entre enero y septiembre, mientras que la Defensoría del Pueblo reportó más de 1.500 desde 2016.
Sobre esto, además, la organización advirtió sobre riesgos para los derechos civiles y políticos de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Respecto a la implementación del acuerdo de paz, HRW señaló que los avances fueron limitados, puesto que si bien la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a exmiembros de las FARC y del Ejército por crímenes de lesa humanidad y de guerra, se aseguró que las sanciones aplicadas carecieron de mecanismos efectivos de supervisión.
El informe también abordó temas de violencia de género, derechos de la población LGBT, deforestación, libertad de prensa y sanciones internacionales.
Señaló que feminicidios y explotación sexual aumentaron, que la población LGBT siguió siendo víctima de violencia, que la deforestación creció por actividades ilegales de ganaderos y grupos armados, y que la libertad de expresión enfrentó obstáculos pese a directivas gubernamentales.
Y, por último, en un apartado nombrado: “Sanciones de Estados Unidos”, resaltó que este país en cabeza del presidente actual Donald Trump sancionó al presidente Petro y a miembros de su círculo cercano por supuesta participación en el comercio ilícito de drogas.
