Este lunes 21 de abril, a las 2:10 p. m., se reanudará la audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y otros diez implicados, entre exfuncionarios y particulares. La diligencia, que inició el pasado 8 de abril, fue suspendida tras casi seis horas de intervención por decisión del juez de control de garantías, quien consideró necesario estructurar con claridad la continuidad del proceso y resolver una de las solicitudes más controvertidas: la participación de las víctimas en calidad procesal.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía expuso los elementos que sustentan los delitos imputados, centrados en presunto prevaricato por acción y peculado por apropiación. El ente acusador detalló decisiones administrativas y contractuales que, según sus investigaciones, habrían favorecido intereses privados en perjuicio del patrimonio público de Medellín.
La defensa de los imputados, entre ellos la del exalcalde Quintero, cuestionó la presentación de la Fiscalía, alegando que su extensión y densidad jurídica dificultaban la identificación clara de los hechos relevantes. Sin embargo, los argumentos de fondo se entremezclaron con prolongadas intervenciones cargadas de afirmaciones mediáticas y posturas de victimización institucional.
Uno de los puntos más polémicos fue la solicitud de los abogados defensores de excluir del proceso a las víctimas, entre ellas la actual administración de la Alcaldía de Medellín. Esta postura fue interpretada en redes sociales como una estrategia para evitar la confrontación directa con quienes denuncian afectaciones al erario público. La discusión dejó en el aire el derecho de las víctimas a ser escuchadas, lo que generó un intenso debate sobre garantías procesales y acceso a la justicia.
Ante la controversia, el juez decidió suspender la diligencia, señalando que se requería claridad jurídica para preservar los derechos de todas las partes. En su intervención final, anunció que la audiencia se retomará hoy, y en ella se definirá si las víctimas podrán intervenir formalmente y se avanzará con el trámite de imputación.
De acuerdo con el procedimiento, la Fiscalía tendrá un plazo de 210 días para radicar el escrito de acusación. Ese será el paso clave para determinar si el caso pasa a juicio formal. Entre tanto, el proceso sigue generando alta expectativa por su impacto político, jurídico y mediático.
La audiencia será transmitida por IFMNOTICIAS.
