El Ministerio de Salud y Protección Social ha reiterado públicamente su preocupación por las demoras en la ejecución del ambicioso proyecto de hospital fluvial, destinado a mejorar el acceso a los servicios médicos en las zonas más apartadas de la Amazonía colombiana. Esta infraestructura móvil, diseñada para operar en los ríos de los departamentos de Putumayo y Amazonas, es considerada una prioridad estratégica por parte del Gobierno Nacional, dada la histórica exclusión en salud que enfrentan estas poblaciones.
La iniciativa, liderada en conjunto con Cotecmar y la Armada Nacional, contempla una inversión de más de $55.000 millones de pesos, financiados desde 2023 y formalizados mediante la Resolución 1315 del 26 de julio de 2024. Su objetivo era superar las barreras geográficas, sociales y estructurales que impiden una atención médica oportuna en territorios remotos donde habitan comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
Impacto esperado en salud pública y equidad territorial
Este hospital fluvial no solo buscaba atender emergencias médicas, sino establecer un modelo preventivo y predictivo alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. A bordo, se ofrecerían servicios de atención primaria, salud mental, salud sexual y reproductiva, controles prenatales y seguimiento a enfermedades crónicas, beneficiando especialmente a mujeres embarazadas, niños, adultos mayores y pacientes vulnerables.
Con esta estrategia, se esperaba mejorar los indicadores de salud en departamentos tradicionalmente olvidados por el sistema, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo la confianza en las instituciones públicas, a través de una presencia estatal efectiva y humanizada.
Preocupaciones por atrasos e incertidumbres presupuestales
Pese a su relevancia, el propio Ministerio que lidera el proyecto, adviertió sobre retrasos injustificados que estarían poniendo en riesgo la implementación del proyecto. Estos atrasos han generado inquietudes tanto dentro de la cartera como entre los actores regionales, debido a que se trata de una de las apuestas más significativas para avanzar en la equidad en salud y cerrar brechas de atención en el país.
Adicionalmente, el hospital fluvial enfrenta críticas debido a que, en su diseño, fue concebido como parte de la reforma a la salud promovida por el gobierno de Gustavo Petro, hoy hundida en el Congreso. Según críticos, el proyecto depende de recursos del Hospital San Rafael de Leticia, entidad que, como muchas otras en el país, arrastra graves dificultades financieras. Esto genera dudas sobre la sostenibilidad operativa del denominado por el gobierno “CAPS fluvial”, al no contar con una asignación presupuestal autónoma ni una red de apoyo funcional robusta.
Como si fiera poco, el proyecto pasó a la escena nacional por las recientes denuncias de las presuntas presiones indebidas de la esposa del ministro de salud, Alfonso Jaramillo, la señora Beatriz Gómez Consuegra, quien habría amenazado a funcionarios con despedirlos si no firmaban contratos a dedo, sin el debido sustento. Este escándalo ha saltado las alarmas en el país.
Un proyecto necesario, pero en riesgo
A pesar de las críticas, el Ministerio sostiene que el hospital fluvial es una herramienta clave para cerrar brechas históricas. Sin embargo, la falta de avances en su ejecución y las incertidumbres financieras podrían convertir una promesa de equidad en otro ejemplo de ineficiencia institucional.
El éxito de esta iniciativa depende no solo de la voluntad política, sino también de una gestión rigurosa, responsable y comprometida con los territorios más vulnerables del país, aunque para muchos, este proyecto es visto como otro “tren Buenaventura-Barranquilla y temen que sea otra cortina de humo del gobierno o un sueño sin cumplir.
