Una enorme batalla política y judicial que ha durado muchos meses ya, con puntos altos y bajos, tiene en este momento uno de sus picos más álgidos y decisivos, en un proceso revocatorio que ha pasado por diferentes etapas de confrontación.
En este ambiente, de tremenda tirantez entre las fuerzas políticas y de un enorme inconformismo ciudadano por la cada vez más cuestionada administración de Medellín, se dio inicio a la revocatoria del alcalde Daniel Quintero, comenzando con la inscripción el día 4 de enero de 2021, en medio de un amplio malestar entre la ciudadanía, la cual, reclamando sus derechos, ha tenido que enfrentarse con una muralla de múltiples obstáculos legales, autoridades y diferentes poderes tanto judiciales como electorales y administrativos, que han querido bloquear este proceso consagrado constitucionalmente.
Posteriormente, en el mes de enero de 2021, se tuvo la Audiencia Pública de rigor donde se presentaron las motivaciones mediante los grupos organizados de ciudadanos, los cuales deciden hacer uso de esta figura constitucional, argumentando la importancia de que Medellín active la acción constitucional, para permitirle a los ciudadanos expresar sus discrepancias para defender el voto basado en el programa de gobierno, del cual la gente considera que se incurrió en incumplimiento y gestión deficiente de los recursos de la ciudad.
Luego, con el argumento de la pandemia, la cual requería los conocidos protocolos especiales de bioseguridad, en su momento se suspende la recolección de firmas, un primer revés que continuó con la impugnación de las firmas. No obstante, cuando se da vía libre a continuar con el proceso y agotadas las objeciones en contra, se bate récord de firmas, constituyéndose este en un hecho histórico para la ciudad y para el país, ya que se estaba demostrando que la ciudadanía sí podía retirar del cargo a aquel a quien simplemente, una masa crítica de ciudadanos considera mal gobernante.
No obstante, presuntamente algunos ciudadanos terminaron interponiendo acciones de tutela, porque supuestamente no estaban de acuerdo con la revocatoria, lo que muchos piensan que pudo obedecer a una estrategia el quinterismo donde hubo una temeraria estrategia de acusación por parte del alcalde sobre la suplantación de firmas, atacando a los apoyos ciudadanos que fueron dados mediante la recolección masiva de rúbricas.
Es por esto que se terminan investigando a los promotores de la revocatoria, quizás sufriendo algo de revictimización. Posteriormente se validan las firmas y se da lugar a la impugnación que algunos hablan de pseudo suplantación ya que en las mismas fechas en las que simpatizantes de Daniel Quintero anunciaron hacerse presentes en los puestos, fueron las mismas en las cuales aparecieron las firmas extrañas impugnadas.
En medio de esta polémica y de este proceso revocatorio ya en marcha a inicios del 2021, salió Daniel Quintero abiertamente a participar en política. Allí la Procuraduría General de la Nación suspendió a Daniel Quintero Calle por manifestarse abierta y claramente en favor de Gustavo Petro en el marco de las elecciones presidenciales.
Es así como el martes 11 de mayo se suspende al alcalde de Medellín, dado que la ley expresamente prohíbe la participación en política electoral. Al respecto, la procuradora Margarita Cabello consideró que Quintero Calle incurrió en “la presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas”.
Esto desembocó en que el entonces presidente Iván Duque conforme a la ley, designara al alto comisionado de paz Juan Camilo Restrepo como alcalde de la ciudad, mientras Quintero cumplía con su suspensión, lo que desató la rabia y el maltrato del gabinete de la ciudad contra Restrepo, abriendo un nuevo escenario de confrontación.
En vista de que la Procuraduría conserva la competencia constitucional de poner en cintura a los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular, actúa este órgano muy a pesar de lo que pretende la ultraizquierda en cabeza del actual gobierno, que busca desmontar esta entidad, que puede investigar, suspender provisionalmente y sancionar, hasta con destitución e inhabilidad a aquellos funcionarios que participen en política mientras están en ejercicio de su cargo de responsabilidad, razón por la cual, claramente la izquierda en el poder ha manifestado no ser muy amiga de esta figura institucional.
En este momento, el proceso revocatorio entra en un letargo y pasa a tribunales, y luego aparece el tema contable, mediante el cual el Consejo Nacional Electoral mediante sus consejeros, manifiesta que la revocatoria ha superado unos topes legales permitidos, bloqueando por esta razón, la revocatoria a la que legítimamente tienen derecho los ciudadanos de Medellín. Todo apunta a que así las cosas, el alcalde de Medellín se fortalece con el aparato institucional y de triquiñuelas ilegales.
Esto desató una oleada de ataques y contraataques entre las partes en contienda, por un lado la cuestionada administración, y por el otro la ciudadanía inconforme y molesta. Uno de estos momentos de mayor coyuntura en Medellín y como no se había visto antes, se ha dado en la inusitada pelea política y judicial en el Concejo, por la venta de acciones que EPM tiene en UNE, la cual definiría para muchos el uso de cuantiosos recursos, lo que ha significado, presumiblemente, definir el futuro del financiamiento de las campañas políticas afines al petrismo.
Después de cuatro o cinco veces que Daniel Quintero ha cantado victoria, en un proceso donde se cumplió con firmas y estados contables sin exceso en los topes, en consecuencia no se ha podido frenar el proceso de revocatoria.
Sin embargo, en el que parecer ser el último capítulo de esta larga batalla, el abogado Nelson Hurtado Obando ha resucitado el proceso, que ya había sido prácticamente dado por perdido, ya que emite el Tribunal Administrativo de Antioquia una decisión para que el registrador a su vez en un plazo de ocho días, le comunique al presidente de la República que tendría un plazo de dos meses para llamar a elecciones. No obstante, este periodo podría reducirse, ya que no podría tocar en teoría el año 2023 por ser el último año de esta administración, y donde las revocatorias no estarían autorizadas por ley.
Así las cosas, hay una orden hoy 10 de noviembre de 2022, de un mandato judicial, mediante el cual, de no fijarse una fecha por parte del primer mandatario para que la ciudadanía de Medellín pase a las urnas, y una vez haya sido notificado por el registrador, se incurriría en un delito de Lesa Humanidad, que llegaría ante escenarios internacionales.
