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martes, enero 31, 2023
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Gustavo Petro, reformista y peligroso

Ya serían ocho las reformas que busca Petro: la tributaria ya lograda, pensiones, salud, política, energética, minera, laboral, justicia, servicios públicos y el Plan Nacional de Desarrollo. El último reformista en el país fue un dictador: Gustavo Rojas Pinilla. A Petro, con sus ínfulas de transformador profundo del país, no le sirve el Estado como está. Lo curioso es que sus reformas conllevan un retroceso sustancial de más de tres décadas.

Unas reformas estructurales retrógradas que curiosamente sus partidarios llaman «progresistas» que en estos primeros cinco meses de gobierno ha estado destapando, totalmente contrarias a la democracia y liberticidas tanto en el plano económico como en el plano individual.

La reforma tributaria es confiscatoria de los derechos, atentando contra la propiedad y contra el capital que ha sacado a millones de personas de la pobreza. Mientras prometió que perseguiría a los ricos, la realidad muestra todo lo contrario, gravámenes directos contra el modo de vida y contra la forma de alimentarse de la gente en Colombia, donde toda la canasta familiar terminó siendo gravada.

En cuanto a pensiones pretende expropiar ahorros y aplastar con impuestos la libertad económica, vulnerando los derechos de empresa y de libre elección de los trabajadores sobre su propio dinero pretendiendo destruir así los fondos privados.

Sobre la reforma agraria, preocupa que la actitud del ejecutivo sea la de querer transformar mediante la invasión de tierras el mapa de propietarios en el país, con las funestas acciones de su conglomerado electoral en cabeza del CRIC en el departamento del Cauca y con los cocaleros en el Catatumbo nortesantandereano, donde en la práctica se legalizaron los cultivos ilícitos y de esta manera se pretende reestructurar la tenencia de la tierra permitiendo el uso de la violencia al despojar no solo a propietarios legales sino también maltratando a la fuerza pública.

Una reforma laboral donde la ministra radical Gloria Inés Ramírez prefiere que los empleados tengan una formalización laboral pese a que los empresarios no puedan cubrir las imposiciones, aunque no se genere empleo. Formalización ante todo, parece ser la prioridad, contra el crecimiento el cual pasa a un segundo plano.

Una reforma a los servicios públicos, donde se impone el populismo y las tarifas por decreto, que se priorizan sobre los criterios técnicos para que las empresas sobrevivan y se les facilite ampliar y mejorar los servicios de agua, luz, alcantarillado y el amenazado servicio de gas, que con los cambios propuestos desde Minas y Energía lo que se avizora desde el horizonte son únicamente nubarrones.

Precisamente frente a la reforma minero energética, la «ministra estrella Irene Vélez», quien brilla por su incompetencia e ignorancia en el tema que lidera, solo ha coleccionado escandalosas salidas en falso que no tienen ni pies ni cabeza. Pese a esto, lo más preocupante es que acabar con los hidrocarburos de los cuales depende el país para subsistir, cuenta con un amplio respaldo de la «progresía» internacional, poniendo al país en grave riesgo de quedar dependiendo del gas de la dictadura del país vecino.

Llama la atención la reforma política puesto que el último gobernante con el nivel de propuestas de reforma del Estado para sostenerse en el poder fue el dictador Gustavo Rojas Pinilla con el propósito de anclarse en el poder. La coalición petrista busca en este momento que parlamentarios puedan pasar a ser ministros, poniéndose desde el legislativo al servicio del ejecutivo y de esta manera serán fácilmente comprados desde el Gobierno.

Da la impresión que del Estado colombiano al reformista Petro nada le sirve, pese a que ha sobrevivido con sus instituciones a seis décadas de conflicto armado, narcotráfico y a un tumor enquistado de corrupción que en gran medida ha sido liderada e impulsada desde las izquierdas violentas.

Es por esta razón que la reforma a la justicia está orientada también a trastocar los valores, donde se busca premiar al delincuente y al violento, que casualmente son ampliamente afines a las ideas del Gobierno. Son bien conocidos los intentos de liberar a los terroristas de la Primera Línea que ocasionaron la muerte de civiles y policías en 2021 en el marco de la toma urbana guerrillera que Petro y Gustavo Bolívar fomentaron contra el gobierno de Iván Duque.

La reforma a la salud, que busca eliminar las EPS, con una ministra que atenta contra ellas reduciéndoles el presupuesto y retrocediendo al país a la década de los 90 donde el Instituto de Seguros Sociales a cargo del Estado dejaba morir a la gente. Esta reforma se busca imponer, sin consultar con los grupos de interés y asociaciones de profesionales que han logrado que el sistema de salud colombiano, pese a que no tiene la mejor cobertura en la Colombia profunda, sea lo suficientemente funcional e incluso reconocido a nivel internacional, pero al parecer para el mandatario reformista, tres décadas atrás donde se dejaba morir a la gente permanentemente en la puerta de los hospitales es mejor y por lo tanto le gustaría regresar a esa triste realidad.

Y por último se impone un Plan Nacional de Desarrollo desprovisto de obra pública y muy centrado en populismos, el cual se alimentará de los ingentes recursos provenientes de la polémica reforma tributaria, pero donde el ejecutivo aún no le ha dicho al país para qué va a destinar los recursos, más aún acusando al Gobierno anterior de haber dejado la «olla raspada». Sin embargo, contradicción de contradicciones, ya adelanta gestiones para el uso de los 30 billones que dejó el gobierno de Iván duque en las arcas del Estado.

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