Bajo la afirmación que la investigación que adelanta la Fiscalía de Guatemala contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo es una injuria contra gente honesta colombiana, además que es una burla a la dignidad del país.
Gustavo Petro solicitó a la Canciller, Laura Sarabia, que se impida la entrada de la Fiscal General de Guatemala, María Consuelo Porras, y demás funcionarios judiciales.
«Ministra canciller, usted tiene que expedir el acto administrativo, que creo que tengo que firmar yo, prohibiendo la entrada de la Fiscal de Guatemala a Colombia y sus amigos mafiosos, todos. No entran a Colombia», afirmó Petro durante el Consejo de Ministros del pasado martes.
Para el ente investigador guatemalteco, el actual Embajador en el Vaticano y la Fiscal General de la Nación, habrían cometido delitos mientras integraban la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), conductas que favorecieron operaciones de Odebrecht y que costaron una cuantiosa suma al Estado de Guatemala.
Es por lo anterior que contra los funcionarios colombianos se emitió una orden de captura por parte de la Fiscalía del país centroamericano, además que se escaló que sería llevada a la Interpol. Los delitos en concreto son asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.
La CICIG que fue creada por una alianza de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala con el fin que fuera un apoyo en las investigaciones de delitos en el país, se ha informado que los miembros que conformaron la Comisión tienen inmunidad por parte de la ONU, no son aplicables para la orden de captura.
La actitud de Gustavo Petro, al solicitar la prohibición de entrar a Colombia de los funcionarios judiciales de Guatemala, ha sido interpretada como una muestra de revanchismo, injerencia, falta de respeto y desafío a la justicia de otro país soberano.
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