El presidente señaló a la senadora de estar vinculada a una red de amenazas sin aportar pruebas encendiendo un debate jurídico-político en un nuevo episodio de alta tensión, luego de que el presidente Gustavo Petro publicara en su cuenta oficial de X un mensaje en el que vinculó a la senadora María Fernanda Cabal con una presunta red digital de amenazas contra líderes progresistas y contra su propia vida. La acusación directa y sin respaldo de pruebas desató el rechazo inmediato de la senadora, quien calificó el señalamiento como “calumnioso” y lo consideró una amenaza contra su integridad y la de su familia.
El trino, que aún permanece en la red social, expone: “Le solicito a @FiscaliaCol y a @PoliciaColombia abrir investigación judicial sobre esta red dirigida por el asesino @Lykanista, construida para amenazar de muerte a progresistas en la red, incluido al presidente de la República. La red está vinculada a la senadora Cabal.” Las palabras del mandatario no solo sorprendieron a la opinión pública, sino que también generaron una fuerte reacción en la bancada de oposición, que calificó la publicación como un acto de persecución política.
Por su parte, María Fernanda Cabal respondió de forma inmediata y contundente, denunciando que este tipo de señalamientos, sin sustento ni evidencia, constituyen un riesgo real para su vida y la de su familia. “Petro pone en riesgo mi vida y la de mi familia”, advirtió la senadora a través de un comunicado público en el que rechazó las acusaciones, las calificó como infundadas y anunció la presentación de acciones legales para defender su nombre.
Cabal solicitará medidas cautelares ante la CIDH por seguridad personal
Además de la vía judicial nacional, la senadora del Centro Democrático informó que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares que garanticen su seguridad y la de su entorno familiar. Según explicó, las declaraciones del presidente constituyen un acto de estigmatización política que no solo busca desacreditarla públicamente, sino que además la expone a riesgos físicos, en un país donde la violencia contra líderes políticos no es un asunto menor.
En su declaración, Cabal fue enfática al señalar que las acusaciones lanzadas por Petro representan una estrategia de intimidación, que busca, según ella, deslegitimar a la oposición mediante ataques personales, en lugar de recurrir al debate político argumentado. “Le exijo rectificar este hostigamiento con fines políticos y violencia de género contra una líder de oposición a quien usted no ha podido enfrentar con argumentos”, escribió en sus redes sociales.
La senadora también alertó sobre lo que considera una práctica reiterada de utilizar las plataformas digitales y los recursos públicos para estigmatizar a voces críticas del gobierno, una conducta que, según sus palabras, es propia de regímenes autoritarios.
Un señalamiento que abre un debate sobre límites y responsabilidad en la política
El señalamiento de Petro ha escalado más allá de una simple controversia en redes sociales. Por un lado, abre la discusión sobre los límites que deben respetar las figuras públicas, especialmente cuando se trata de acusaciones de gravedad que afectan la reputación y la seguridad de un adversario político. Por otro lado, el episodio expone nuevamente la polarización que vive el país y el deterioro del diálogo democrático.
El Centro Democrático, partido al que pertenece Cabal, expresó públicamente su respaldo a la senadora y rechazó lo que calificó como un “uso irresponsable del poder presidencial” para hostigar a la oposición. A estas voces se han sumado ciudadanos y líderes políticos que, independientemente de su postura ideológica, han manifestado su preocupación por el tono del discurso presidencial y sus implicaciones en el respeto de los derechos fundamentales.
Mientras tanto, el asunto avanza hacia los estrados judiciales y organismos internacionales, en una disputa que no solo enfrenta a dos de los personajes más visibles del escenario político, sino que además podría dejar precedentes sobre el uso de las redes sociales por parte de altos funcionarios y sobre las garantías de seguridad para quienes ejercen oposición en Colombia
