En la mañana de este lunes 19 de enero se instaló en Bogotá una mesa de trabajo entre el Gobierno nacional y varios gobernadores del país para analizar los efectos del decreto de emergencia económica expedido a finales de 2025, particularmente en lo relacionado con el incremento del impuesto al consumo de licores, cigarrillos y tabaco.
El encuentro se desarrolla en la sede del Ministerio de Hacienda y contó con la participación del ministro Germán Ávila y del ministro del Interior, Armando Benedetti, así como de representantes de la Federación Nacional de Departamentos (FND).
La reunión se da en medio de un creciente inconformismo de los mandatarios regionales frente al Decreto 1474 de 2025, norma que elevó del 5% al 19% la carga tributaria sobre productos como el tabaco, los licores, vinos y aperitivos, en el marco de la declaratoria de emergencia económica.
De acuerdo con lo expuesto por la FND, la medida afecta de manera directa una de las principales fuentes de financiación de los departamentos, al tratarse de una renta cedida que sostiene sectores como salud, educación y deporte.
En el encuentro participan, entre otros, la vicepresidenta de la FND y gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba; la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés; del Tolima, Adriana Matiz; y del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, intervino de manera virtual desde Ibagué, tras informar que condiciones climáticas impidieron su desplazamiento a Bogotá. En su intervención, señaló que el decreto “golpea” las rentas departamentales y planteó la preocupación por el impacto fiscal de la medida.
Desde la Federación se ha advertido que el impuesto al consumo representa, en promedio, el 43% de los ingresos tributarios de las regiones. Por lo que 20 de los 32 gobernadores han manifestado su rechazo al decreto y han anticipado la presentación de acciones jurídicas con el argumento de proteger la autonomía territorial frente a decisiones adoptadas desde el nivel central.
Uno de los puntos reiterados en la discusión es el comportamiento del mercado del tabaco. La FND recordó que se trata de un producto con demanda inelástica, lo que implica que los aumentos de precio no reducen de manera proporcional el consumo, sino que incentivan el traslado hacia el contrabando.
Según cifras expuestas en la reunión, en 2024 el contrabando de cigarrillos alcanzó el 36%, el nivel más alto desde 2011, con pérdidas fiscales cercanas a 1,03 billones de pesos.
El Gobierno, por su parte, ha señalado que el decreto busca recaudar cerca de 2,5 billones de pesos adicionales para atender las necesidades derivadas de la emergencia económica, aclarando que la cerveza quedó excluida del aumento. No obstante, los gobernadores han insistido en que el impacto del gravamen no solo se refleja en la recaudación, sino en la sostenibilidad de los servicios financiados con estos recursos.
La reunión entre los ministros Ávila y Benedetti y los mandatarios regionales continúa, mientras se evalúan los alcances fiscales, jurídicos y administrativos de la medida y se recogen las preocupaciones de los departamentos frente a la aplicación del decreto en los territorios.
