Este miércoles 3 de enero, día en el que se iba a reanudar la audiencia para la adjudicación del contrato de la plataforma de E-learning para el Sena, sin embargo, el Gobierno Petro decidió revocar la resolución de licitación con el que se dio origen al proceso.
De esta forma, se pone en riesgo al Estado colombiano frente a demandas,,m ya que se termina una licitación sin adjudicar el contrato, basándose en que no se permitía la competencia entre varios oferentes.
Cabe resaltar que la licitación fue publicada el 4 de agosto de 2023, con el fin de contratar los servicios para ser utilizados por los estudiantes. Para esto se dispusieron 78.191 millones de pesos, un aumento significativo frente a la que se contrató en la licitación pasada, por 30.000 millones.
Varias firmas se presentaron como interesadas al principio de la licitación, pero las oferentes terminaron siendo Unión Temporal D2L, Unión Temporal CET LMS 2023 y CognosOnline. En la segunda participa la firma mexicana Territorium, la cual opera actualmente la plataforma del Sena.
Finalmente, se logró llevar a cabo la audiencia de adjudicación o declaratoria de desierta el pasado 29 de diciembre, que fue suspendida para reanudarse los primeros días de enero.
Puntualmente, los requisitos en torno a los exámenes seguros a través de la plataforma no permitieron la pluralidad de oferentes.
“Los requisitos previstos en el pliego de condiciones anteriores limitaron, sin justificación alguna, la participación plural de oferentes, ya que la Entidad solicitó en el pliego de condiciones suministrar un comunicado firmado por el representante del fabricante en donde indique la entrega al Sena de la cantidad de exámenes seguros que se ofrecen y la forma como se pueden consumir”, se lee en la resolución, que además agrega entre los inconvenientes la necesidad de certificar experiencia.
Tal como ocurrió con la licitación de pasaportes en la Cancillería de Colombia, los oferentes podrían protestar ante esta decisión pidiendo la adjudicación del contrato por méritos. Tampoco se descartan posibles demandas contra el Estado colombiano.
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